El Senado aprobó la destitución del presidente paraguayo con 44 votos, luego de encontrarlo responsable de mal desempeño en sus funciones. La crisis bancaria, las denuncias por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos y previsionales y la pérdida de respaldo político precipitaron la caída del mandatario. Pedro Alliana deberá completar el mandato hasta 2028.
Paraguay atraviesa una de las crisis políticas e institucionales más importantes de los últimos años. El Congreso destituyó este viernes 6 de noviembre al presidente Santiago Peña, en el marco de un juicio político que tuvo como detonante el colapso de Ueno Bank, una entidad financiera cuya crisis dejó al descubierto graves cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos y los controles del sistema bancario.
La decisión fue adoptada por el Senado, que votó la condena del mandatario por mal desempeño de sus funciones con 44 votos afirmativos. La resolución llegó después de una acelerada escalada política que incluyó la renuncia de Peña, la ruptura con sectores de su propio partido y fuertes cuestionamientos por su presunta vinculación con la entidad financiera.
El vicepresidente Pedro Alliana quedó en condiciones de asumir la Presidencia y completar el período constitucional hasta 2028.
El colapso bancario que terminó con el Gobierno
El origen de la crisis se encuentra en la situación de Ueno Bank, entidad perteneciente al Grupo Vázquez, que había experimentado un fuerte crecimiento durante los últimos años, convirtiéndose en uno de los principales bancos del Paraguay.
La intervención de las autoridades financieras y la posterior paralización de sus operaciones generaron una enorme preocupación entre los ahorristas. Cerca de tres millones de clientes quedaron afectados por las restricciones de acceso a sus depósitos.
El escándalo adquirió una dimensión política cuando comenzaron a conocerse denuncias sobre la participación de fondos públicos y previsionales en la estructura financiera del banco.
Entre los principales cuestionamientos figuraron depósitos de organismos estatales, operaciones que habrían superado límites regulatorios y posibles conflictos de intereses vinculados con anteriores participaciones empresariales de Santiago Peña.
Según las acusaciones presentadas durante el juicio político, Ueno había recibido importantes volúmenes de recursos públicos, incluidos fondos del Instituto de Previsión Social (IPS).
Las acusaciones contra Santiago Peña
Los legisladores que impulsaron la destitución sostuvieron que el presidente tuvo responsabilidades políticas en el crecimiento de la entidad y en las condiciones que permitieron su posterior colapso.
Entre los principales cargos se mencionaron presuntos conflictos de intereses, manipulación de controles regulatorios, desvío de fondos previsionales y un supuesto encubrimiento institucional que habría involucrado a autoridades del Banco Central.
Uno de los datos más relevantes de la acusación fue la presunta colocación de aproximadamente 355 millones de dólares provenientes de fondos previsionales en la entidad financiera.
Peña había mantenido participaciones accionarias en una sociedad vinculada al grupo empresario propietario del banco, de las que se desprendió en marzo de 2025, según los antecedentes expuestos durante el proceso.
La defensa del mandatario cuestionó el procedimiento parlamentario y denunció que no contó con tiempo suficiente para preparar sus argumentos. Sus abogados habían solicitado una prórroga de 72 horas, que fue rechazada por los legisladores.
Finalmente, el Senado avanzó con el juicio político y resolvió su destitución.
Una crisis que también quebró al oficialismo
La caída de Peña no se explica únicamente por el escándalo financiero. La crisis también provocó una profunda fractura dentro del Partido Colorado, la fuerza política que lo llevó a la Presidencia en 2023.
El expresidente Horacio Cartes, principal referente del sector oficialista, terminó retirándole su respaldo político al mandatario. Ese distanciamiento debilitó todavía más a Peña, que quedó sin el sostén interno necesario para contener la ofensiva parlamentaria.
La renuncia de funcionarios de primera línea y el avance de las investigaciones terminaron de configurar un escenario de aislamiento político.
El jueves 5 de noviembre, Peña presentó su renuncia a la Presidencia. Sin embargo, el Congreso decidió no cerrar el proceso y continuó con el juicio político hasta concretar su destitución.
Investigaciones judiciales y consecuencias económicas
La salida de Peña abre una nueva etapa en Paraguay, pero no representa el final del escándalo.
La Fiscalía inició investigaciones penales relacionadas con el manejo de los fondos públicos y las operaciones de Ueno Bank. También se investigan posibles responsabilidades de empresarios, directivos financieros y funcionarios vinculados con los organismos de control.
La destitución política no equivale por sí misma a una condena penal: las eventuales responsabilidades individuales deberán determinarse en los procesos judiciales correspondientes.
Mientras tanto, uno de los principales desafíos será garantizar que los ahorristas afectados puedan recuperar su dinero y restablecer la confianza en el sistema financiero.
La crisis también pone bajo la lupa el funcionamiento de los organismos de supervisión y los mecanismos de control sobre los recursos públicos y previsionales.
La destitución de Santiago Peña marca un hecho de enorme trascendencia para Paraguay: un presidente que llegó al poder con el respaldo del Partido Colorado terminó desplazado por una crisis bancaria que se transformó en un terremoto político, económico e institucional.
