La iniciativa apunta a impedir que el Congreso vote o sostenga presupuestos deficitarios. En caso de no corregirse el desbalance de las cuentas públicas, contempla el «cierre» del Estado —al estilo del shutdown estadounidense— y la paralización de la dieta del Presidente, ministros y legisladores.

En el marco de una serie de anuncios de reforma estructural, el presidente Javier Milei presentó los detalles del denominado «Grillete fiscal», una herramienta legislativa diseñada para blindar el equilibrio de las cuentas públicas y responsabilizar directamente dirigencia política por la eventual quiebra del Estado.

Durante su presentación, el mandatario fue contundente respecto al rol de las instituciones parlamentarias en la administración de las finanzas del país:

«¿Por qué necesitamos una ley y no alcanza con la buena voluntad del Congreso? Porque la historia nos enseñó que el Congreso es el gran aliado del gasto público, teniendo como ejemplo reciente el año pasado, cuando luchamos con uñas y dientes contra decenas de leyes que buscaban precipitar la quiebra del Estado», aseguró el Presidente.

Cómo funciona el mecanismo y el freno a los sueldos de la política

El corazón del proyecto establece que, ante la verificación de un saldo fiscal negativo sostenido durante varios meses, el Congreso de la Nación contará con un plazo estricto para implementar las correcciones necesarias y restablecer el equilibrio presupuestario.

De no alcanzarse el déficit cero dentro del tiempo límite, se activará de forma automática una cláusula de paralización o shutdown similar al esquema de cierre del Estado que rige en los Estados Unidos.

«Los políticos no tienen ningún incentive para cuidar el bolsillo de los argentinos porque nunca son ellos los que pagan los platos rotos. Por eso, este proyecto va a hacer que el que las hace, finalmente las pague», enfatizó Milei.

En caso de activarse la paralización, el proyecto dispone medidas drásticas sobre el funcionamiento de la administración pública:

• Suspensión de remuneraciones políticas: Mientras rija el cierre del Estado, el presidente, la vicepresidenta, los legisladores nacionales, los ministros, secretarios y subsecretarios no percibirán sus salarios.

• Congelamiento operativo: Se suspenderá la aprobación de nuevos gastos, no se darán de alta nuevos contratos, se frenarán los ingresos de personal y quedarán interrumpidas las transferencias discrecionales hacia las provincias.

Servicios esenciales protegidos

El proyecto aclara expresamente que la paralización afectará únicamente a las actividades no esenciales de la administración central. Con el fin de no desproteger a los sectores más vulnerables ni resentir las tareas básicas de seguridad e infraestructura, quedarán fuera del alcance de la medida:

• Jubilaciones y pensiones.

• Asignaciones familiares y Asignación Universal por Hijo (AUH).

• Seguro de desempleo.

• Atención sanitaria pública.

• Operatividad de las fuerzas de seguridad y la defensa nacional.

Un llamado a los gobernadores

Al fundamentar el alcance federal del proyecto, el Jefe de Estado instó a las provincias a adoptar criterios de restricción fiscal similares en sus propias jurisdicciones:

«Es la oportunidad para que cada gobernador predique con el ejemplo y le demuestre a su gente que, cuando las cuentas se desordenan, es la política la que debe dar un paso al frente y pagar el precio y no la sociedad», concluyó.