Una vez más, el Gobierno Nacional debe dar marcha atrás en sus decisiones para lograr el acompañamiento de los bloques aliados y evitar su propio desgaste interno. Y, al igual que en temas anteriores, esta vez es sobre uno que ya les generó una crisis de dimensiones considerables: la discapacidad. 

 

A solo una semana de haber enviado al Congreso un proyecto de ley de presupuesto 2027 que busca cambios significativos en la Ley de Discapacidad, el Gobierno ya tuvo que desentenderse en muchas de sus propuestas y comenzar a negociar. 

Las modificaciones centrales, y que generaron rispideces dentro y fuera del Ejecutivo, son las siguientes:

• Sacar el nomenclador que establece el precio de cada prestación. Gilda Marcela Kriskovich, presidenta de la Asociación Civil de Prestadores de Discapacidad, sostuvo: “El artículo 39 del Presupuesto pretende desregular el nomenclador, que se creó para garantizar la universalidad y un mismo derecho en todo el país. Si sacan los valores universales y cada jurisdicción fija un arancel, están federalizando la desigualdad. Esto viola el espíritu de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
• Eliminar el artículo 7 bis de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que establece la actualización mensual de los pagos a prestadores según la evolución de la inflación. Con los cambios, cada prestador podrá determinar el costo del servicio, mientras que las obras sociales podrán fijar un valor máximo para la cobertura. Expertos en el tema lo consideran a este como el cambio más importante.
• Modificar el régimen de pensiones que surgió con la Emergencia en Discapacidad en dos puntos centrales: 1) Derogar el artículo que establece que quien cobra pensión, tiene atención médica obligatoria. 2) Actualmente, la legislación establece el otorgamiento de una pensión a toda persona sin recursos o con discapacidad. Además, dispone que este beneficio sea compatible con un trabajo formal. El objetivo es sacar las pensiones a todas las personas que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y volver incompatible la pensión con un empleo formal.

 

Propuestas por demás polémicas, que ponen al Estado en un rol de completo desentendimiento hacia un sector totalmente vulnerable y que generaron que sus socios parlamentarios, e incluso sus propios funcionarios, salgan al cruce. 

 

El caso más resonante es, sin dudas, Patricia Bullrich y sus declaraciones de ayer domingo en el programa La Cornisa: “Cuando lo vi, dije: esto es ir a chocar directo contra la pared. Tuvimos una crisis política muy fuerte [por la discusión sobre Discapacidad y el presupuesto universitario]. Los cambios en discapacidad fueron rechazados dos veces [por el Congreso]. ¿Por qué los mandan de nuevo? Perjudican al Presidente”.

 

En lo que respecta a los bloques del Pro y la UCR, pidieron que se mantenga el nomenclador, que las prestaciones continúen actualizándose y que el Gobierno cumpla con la compensación a los prestadores por el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024.

 

Más allá de las negociaciones internas y externas que se sucederán en los días venideros, principalmente hasta antes del miércoles donde habrá un plenario de las comisiones de Presupuesto y Discapacidad y al que el oficialismo necesita llegar a esa reunión con un texto capaz de reunir a los bloques dialoguistas, los resultados son los mismos: una inexperiencia política que se prolonga en el tiempo y que a casi 4 años de Gobierno no lograron evitar nunca, en ningún tema importante. 

 

¿O no quisieron?

 

Y esto me lleva a otra posible interpretación: parece que lo que Javier Milei y sus funcionarios hacen es un juego de ajedrez que mide, todo el tiempo, qué límites puede romper; cuántos pasos pueden avanzar en su recorrido de deshumanizar el Estado sin encontrar resistencias.

 

El Gobierno de Milei es un niño pequeño poniendo a prueba a sus padres, buscando los límites, solo que la diferencia reside que somos todo un país y, más precisamente, los más vulnerables los que sufren esa confrontación y los que menos recursos tienen para actuar: jubilados, discapacitados, universitarios, infancias. Y el resto, los que deberíamos decir “hasta acá”, estamos cada vez más cansados, más permisivos. 

 

¿Serán estos temas de alta sensibilidad social el talón de Aquiles en la carrera al 2027 de La Libertad Avanza? Lo veremos más adelante.

 

Narella Boscarol

Lic. en Comunicación Política

Maestranda en Comunicación Política