El Gobierno deberá autorizar los incrementos

Freno a la desregulación: la Corte Suprema declaró inconstitucional la libre suba de cuotas en las prepagas

El máximo tribunal invalidó dos artículos clave del DNU 70/23 y restituyó el control estatal sobre los aranceles de la medicina privada. La Superintendencia de Servicios de Salud volverá a fiscalizar y autorizar cada incremento, aunque no se fijará un tope automático atado a la inflación.

En un fallo de fuerte impacto económico y político, la Corte Suprema de Justicia de la Nación puso fin a la desregulación tarifaria en el sector de la salud privada. Con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, devolviendo al Estado la potestad de aprobar o rechazar los aumentos en las cuotas de las empresas de medicina prepaga.

La resolución marca un hito judicial: se trata de la primera vez que la Corte Suprema invalida disposiciones del mega decreto impulsado por el Poder Ejecutivo a fines de 2023.

El origen del conflicto y el alcance de la medida

El expediente llegó a la máxima instancia judicial tras los recursos presentados tanto por el Estado Nacional como por una empresa de medicina prepaga, en el marco de una demanda iniciada por una afiliada. La usuaria había sufrido un incremento acumulado del 110% en su cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, una cifra que contrastaba drásticamente con el ajuste del 6,26% que preveía la normativa del Ministerio de Salud antes de la entrada en vigencia del DNU.

Al anular los artículos 267 y 269 del decreto —que habían derogado y modificado tramos centrales de la Ley 26.682 de Medicina Prepaga—, la Corte restituye plenamente las facultades de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). A partir de ahora, el organismo oficial deberá volver a:

  • Examinar y fiscalizar las variaciones tarifarias propuestas por las empresas.

  • Garantizar que los valores sean razonables.

  • Autorizar únicamente aquellos incrementos que estén debidamente justificados en la variación de la estructura de costos y en un cálculo actuarial razonable de los riesgos.

Sin embargo, el tribunal introdujo una salvedad respecto de la sentencia previa dictada por la Cámara Federal de La Plata: revocó la orden que limitaba los aumentos al porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC). De este modo, las subas no quedarán atadas a un tope automático por inflación, sino que dependerán de la evaluación técnica y regulatoria que realice la autoridad de aplicación bajo el marco legal restituido.

Los argumentos de la Corte: la falta de urgencia

El núcleo de la sentencia apunta directamente a los límites constitucionales del Poder Ejecutivo para legislar por decreto. Los magistrados recordaron que la emisión de un DNU exige condiciones de «rigurosa excepcionalidad»: debe existir una imposibilidad real de que el Congreso sesione por las vías ordinarias o una urgencia extrema incompatible con los tiempos parlamentarios.

Citando su propia doctrina —ratificada meses atrás en el fallo «Cencosud»—, la Corte sostuvo que los considerandos del DNU 70/23 carecían de una justificación mínima para suprimir los controles estatales sobre las prepagas. Para los jueces, la sola mención a una «crisis del sistema de salud» o la intención de fomentar la competitividad mediante la liberación de precios no alcanzan para acreditar una emergencia de tal magnitud ni demuestran un vínculo concreto con la eliminación de la fiscalización estatal.

«La Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre el tratamiento de una ley en el Congreso y la aprobación más rápida de contenidos materiales mediante un decreto», subrayó el tribunal, dejando en claro que las razones de mera conveniencia política o económica no justifican el uso de facultades excepcionales.

Finalmente, los ministros aclararon que el pronunciamiento se circunscribe exclusivamente a los dos artículos cuestionados sobre la medicina prepaga, sin emitir valoración alguna sobre la validez constitucional del resto del DNU 70/23.

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