En medio de intensas negociaciones y tensiones internas en el Gobierno, la administración de La Libertad Avanza definió dar marcha atrás con uno de los puntos más resistidos de la reforma electoral: la implementación de las listas colectoras. Con este cambio de rumbo, el oficialismo busca asegurar los consensos necesarios para avanzar con la suspensión transitoria de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) exclusivamente de cara al calendario electoral de 2027.
Las claves de la negociación y el detrás de escena
El viraje estratégico se gestó tras arduas discusiones en la mesa política y el Congreso, donde confluyeron las diferencias entre distintos sectores del oficialismo. Mientras que figuras como el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, impulsaban herramientas como las colectoras para sumar adhesiones de gobernadores provinciales, desde el bloque oficialista en el Senado liderado por Patricia Bullrich se advirtió sobre la falta de respaldo parlamentario para sostener dicho mecanismo.
Ante este escenario —y con la premisa de evitar un fracaso en el recinto—, el oficialismo optó por simplificar el proyecto y volver al modelo tradicional: «un ciudadano, un voto, una sola lista».
Los últimos cambios acordados y puntos centrales
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Suspensión transitoria de las PASO: La medida regirá únicamente para el próximo año, dejando pendiente un debate profundo y definitivo sobre un nuevo sistema de selección de candidaturas a futuro.
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Eliminación de colectoras: Quedaron oficialmente fuera del borrador, lo que desactivó los reparos planteados por sectores dialoguistas y aliados clave como el PRO, que ratificó su acompañamiento a la iniciativa.
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Ficha Limpia: El texto ratifica la incorporación de este importante requisito, estableciendo que no podrán ser candidatos aquellos ciudadanos que posean una condena judicial confirmada en segunda instancia.
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Ajuste numérico: El oficialismo necesita alcanzar la mayoría absoluta de 37 votos en el Senado durante la sesión prevista para el próximo 26 de noviembre, en un contexto donde cada adhesión se negocia a contrarreloj.
Con estas modificaciones, la Casa Rosada busca blindar el dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales y trasladar el debate al recinto, apostando a que el ordenamiento de las reglas electorales despeje el camino hacia los próximos comicios nacionales y provinciales.



