La Justicia investigará el endeudamiento a la que llevo la gestión anterior del PJ en los años 2018 y 2019. Para el secretario de Hacienda Miguel Andrada, el gobierno anterior habría cometido no menos de siete delitos, por los cuales tendrán que responder tres personas, el ex Intendente Camilo Busquets, el ex Presidente del Concejo, e Intendente interino Juan Manuel Mansilla, y la ex secretaria de hacienda Bettiana Godoy.
Las pruebas son aportadas por la auditoria realizada en los primeros meses de este año 2020, tras la asunción de la gestión de Alejandra Dupouy.
394 CHEQUES EMITIDOS
El rojo municipal es de $ 50.885.310 millones. El análisis sobre los números auditados, y con respaldo en comprobantes a los que accedieron los auditores, desprende que hubo una enorme discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos. Se entregaron 394 cheques, días antes de terminar el gobierno el 10 de diciembre. Confeccionar esta tanda de cheques les llevó muchas horas. Se intentó saldar deudas con esos cheques, y que sea esta gestión quien las pague.
Miguel Andrade sostuvo que «hicieron cosas insólitas, cobraban plata a pesar de que estaban todos jubilados. Los secretarios y el Intendente cobraban dineros que no les correspondía percibir. Vendieron lotes de manera apurada y que no eran de la Municipalidad de Ceres. Estaban desesperados por hacerse de dinero en efectivo. Hasta vendieron a un empresario local un terreno que es una plaza pública. Y solo en el 2019, incorporaron gente a la planta permanente de manera sideral, y la sobredimensionaron, el 24% de la planta había ingresado en ese año».
LOTES
Los 10 lotes vendidos en barrio Malvinas no tenían energía ni fueron para familias de bajos recursos, ya que se vendieron en tres cuotas de $ 100 mil. «Hubo apuro para hacerse de efectivo fresco»
Horas antes de irse, la gestión anterior pagaron deudas a Concejales por más de $ 1.8 millones del 2014, y a la ex Concejal Giovaninni por dietas del año 2015.
De acuerdo a lo anunciado por el propio secretario de hacienda, estas irregularidades llevarán a los funcionarios a la Justicia para que puedan ejercer su defensa y clarifiquen su gestión.
Andrada manifestó que «como mínimo se cometieron siete delitos, pero el más serio es el de sustracción de caudales públicos».
