Falta la prueba decisiva de las elecciones generales, pero al ser con amplitud el más votado en las primarias del domingo, Maximiliano Pullaro es quien aparece con mayor chances de gobernar Santa Fe desde diciembre próximo. Uno de los ejes centrales de su plan de gobierno, como sostuvo en la campaña, será el programa de seguridad pública.

Para esto hace tiempo que, junto a un grupo reducido de asesores, el candidato radical trabaja en varios escalones. Según publica el diario La Capital, este equipo tiene en evaluación medidas de corto plazo, de arranque, para lo que señalan es indispensable contar con información que solo se maneja dentro de la gestión. Pero también hay un paquete de iniciativas para el mediano plazo donde será vital el tejido político en la Legislatura y con el Poder Judicial, en especial, con la conducción del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que define la persecución criminal en la provincia.

¿Cuáles son esas metas gruesas? A grandes trazos: generar una estructura policial con conducción relativamente joven. Instalar de inicio un plan de prevención y atención de la emergencia que en el menor tiempo se garantice con 200 móviles en la calle en Rosario y con 100 en Santa Fe. Ir hacia una provincialización del narcomenudeo o comercio urbano de drogas y disolver la actual estructura policial heredera de Drogas Peligrosas. Marco legal para la atención de presos de alto perfil con la construcción de una cárcel de alta seguridad con módulos especiales de 3 mil plazas. Fuerte seguimiento, asistencia material y control para una población de 10 mil personas que estuvieron en prisión y salieron.

Los que trabajan en el programa de seguridad dicen saber a qué apuntan de fondo. «Pero lo acuciante hoy es resolver la transición y la primera etapa porque si no no queda oxígeno para la reforma de largo aliento. Si no bajamos la fiebre en los primeros 90 días perderemos legitimidad en caso de ganar. Priorizamos la urgencia de la coyuntura. El margen de acción es milimétrico porque la tolerancia para las cagadas es nula», admite, descarnadamente, uno de los responsables de los lineamientos.

El primer punto será definir un plan contra la criminalidad compleja y violenta a partir del conocimiento del estado actual de las organizaciones criminales y sus actores preponderantes. “Nos fuimos de la gestión en 2019 sabiendo bien quiénes eran Los Monos, Alvarado, Ungaro, Bassi, Rodríguez Granthom. Pero hay nuevos movimientos y protagonistas que debemos analizar con información que está tanto en las fiscalías como en las prisiones. Eso define las estrategias de inteligencia criminal y las acciones de contención”, indica uno de los asesores.

El segundo punto se refiere a la política en relación al mercado de drogas. La intención del equipo de Pullaro tiene tres sostenes. Uno es fundar una agencia provincial antinarcóticos para seguimiento de grupos ligados a estas prácticas y también para discriminar el gran tráfico del comercio de pequeños grupos dedicados a la venta urbana. Para esto último el objetivo de Pullaro es desfederalizar el narcomenudeo con un proyecto de ley a presentar de entrada.

Los argumentos a favor de esta iniciativa, generadora de históricas controversias, son diversos. Uno es que los que más en claro tienen la actividad de drogas son los fiscales provinciales. El comercio de cocaína o marihuana está siempre en los legajos del MPA porque los actores implicados en delitos ordinarios como homicidios, extorsiones, balaceras, abusos de arma son los mismos que venden droga. En Rosario donde está el problema de violencia más acuciante hay un equipo de 80 fiscales. Muchos de ellos ya están de hecho implicados en pesquisas de drogas y son los que mejor tienen perfilados a los narcos ubanos. Investigan a los protagonistas de los delitos violentos pero luego parten las pesquisas y la parte relativa a droga se la remiten a la Justicia federal. Donde actualmente los fiscales son tres y por más que hay designaciones ya definidas nunca será igual, afirman, la estructura orgánica y los recursos para intervenir.

La investigación de tráfico de drogas a gran escala, de grandes cargamentos o actores ligados al delito internacional, se mantiene en el ámbito de la Justicia Federal. Según los analistas de Pullaro, la buena relación institucional y laboral entre fiscales federales y provinciales que determinaron una gran cantidad de pesquisas en cooperación es la base para que sigan en estudio y colaboración los nexos entre grandes bandas y el mercado minorista de drogas.

Por último se proponen disolver la actual dependencia provincial de la policía antinarcóticos y hacer una estructura nueva. El planteo es no emparchar lo que hay sino redefinir funciones y actores policiales con una estructura de control fuerte.

En relación a la política de prevención del delito y control urbano la coyuntura del aumento de la violencia reclama, en el diagnóstico del equipo, un análisis de fondo que complemente investigación e inteligencia.

“Pero primero hay que bajar la fiebre aumentando presencia en la calle. Para ser realista tenemos un programa para poner en la calle lo que hay. Tenemos todo para arrancar en acciones concretas. No le podemos explicar a la gente que tiene que esperar dos años. El 911 mejoró su tecnología pero si no tiene los móviles necesarios, que es lo que pasa actualmente, se deslegitima como servicio. La cobertura es prevención pero también atención de la emergencia. Hay que mejorar en mucho los tiempos de respuesta. Si el móvil llega en 7 minutos la gente se incentiva y eso vuelve con mejor información. Reconstruir la conciencia ciudadana se hace con mejor servicio. Hoy no están los móviles. En Rosario se necesitan hoy 200 y hoy hay 60. Y en Santa Fe se necesitan 100”.

Otro punto central es la definición de las conducciones policiales. La intención de Pullaro es fundar una estructura de mando en sectores de la oficialidad con madurez pero que no es la plana jerárquica con más veteranía. Buscan que ingrese una cúpula con muy fuerte legitimidad. “Hoy hay un cinco por ciento de personal superior que no quiere trabajar más. Estamos pensando en un fuerte trasvasamiento generacional. Obviamente para eso es necesario un conocimiento de nombres y acciones que es información que con cuatro años fuera de la gestión necesita retomarse. Para hacer este movimiento de personal tenemos que ver quiénes son y cómo están los mandos medios. A muchos los conocemos pero el último contacto fue al final de 2019. Tenemos un atraso de tres concursos de ascenso en la policía. Es imprescindible generar una estructura de mando. Mucha de la gente que tiene 22 años de servicio no tiene diferenciación jerárquica. Si son todos pares entre sí es muy complicado empoderar a nadie, menos a los jefes que están esperando suceder a los que están en retirada”.

En una coyuntura donde el delito urbano violento se gestiona desde las cárceles también es muy importante para el programa del aspirante a gobernador el control de las prisiones. La primera medida en este campo es la construcción de una cárcel especial de alta seguridad para unos 3 mil presos de alto perfil. En el MPA dicen que con 500 plazas para un nivel jerárquico de la criminalidad en la provincia es más que suficiente.

“La categoría de preso de alto perfil la creamos a las patadas por resolución interna al inicio de la gestión de Pullaro como ministro de Seguridad», indica uno de sus colaboradores. «Hace ocho años eran dos módulos con un grupo menor de internos a controlar de manera especial. Ahora eso se multiplicó. Vamos a avanzar hacia una cárcel nueva con estructura modular llegando a las 3 mil plazas. Debemos agregarle medidas a cárceles que fueron pensadas con otro modelo y otra realidad. Hoy para inhibir las comunicaciones se necesitan módulos y pabellones más chicos. También un perímetro distinto con una zona más amplia de clausura. Queremos ir también con un marco jurídico nuevo generando consenso para una Ley de alto perfil. Necesitamos marco institucional, marco edilicio y marco jurídico. Eso es inmediato. Si queremos ver terminada una cárcel de estas características al finalizar la gestión la tenemos que empezar el 11 de diciembre”.

La estructura ministerial se mantendría como en la gestión de Pullaro con el gobernador Miguel Lifschitz. Una cartera con cuatro áreas o secretarías fuertes: la de Seguridad, con el manejo policial. La de Seguridad Comunitaria, que además del enlace con las áreas sociales del gobierno tendrá una muy especial función en la asistencia y programas con gobiernos municipales en prevención del delito, en particular en las compras y homologación de sistemas de vigilancia para que la política local se ensamble en una política provincial. La de Asuntos Penitenciarios que controla las prisiones. Y el área de Logística y Administración.

Otro asunto considerado primordial para la inteligencia sobre seguridad preventiva es el control pospenitenciario. «Hoy tenemos 10 mil personas en la calle sujetos a control porque pasaron por el sistema penitenciario. El trabajo de seguimiento es el que evita prejuicios y permite asistencia. Pero no pocos actores se reinsertan en el campo delictivo y por eso es fundamental una supervisión ajustada a la ley de las personas que egresan de cárceles».

El equipo de Pullaro sostiene que la decisión de cerrar comisarías fue una medida acertada porque estas no daban respuesta ni en lo preventivo ni en el servicio a la comunidad. «Desalentaban a hacer las denuncias y no cubrían con eficacia sus zonas además de los problemas del control jurisdiccional superpuesto a la policía de Cuerpos». Sí admiten que el error fue no generar a tiempo una estructura que reemplazara culturalmente la presencia de la seccional en cada barrio. Los centro territoriales de denuncia no alcanzaron y no se terminaron a tiempo las estaciones policiales. Este programa si llegan al gobierno en diciembre piensan retomarlo. «En áreas áreas metropolitanas grandes vamos hacia estaciones policiales. Pero aceptamos que son necesarios dispositivos en pequeños territorios», dicen los asesores.

También se proponen reestructurar la central operativa policial OJO pero que para eso es imprescindible el control territorial con mayor cantidad de patrullas. «Los mapas del delito se siguen produciendo pero con errores porque el mapa se construye con las incidencias denunciadas. La gente llama menos al 911 y no porque haya menos delito sino porque aprecia que no tiene una respuesta adecuada. La tarea de análisis como consecuencia hoy no es muy creíble y hay que reconstruirla. Pensamos en un incorporar acciones de inteligencia al análisis criminal regular. Pero eso requiere una ley. Hoy no tenemos inteligencia para el policiamiento preventivo».

Con información de Diario Uno