Con aportes no reembolsables de USD 350.000 y la opción de adquirir bonos públicos por USD 800.000, la administración nacional puso en marcha un programa para captar capitales a cambio de la nacionalidad. Especialistas advierten sobre los desafíos en los controles migratorios, el valor del pasaporte y la discusión tributaria en torno a la renta mundial.

El Gobierno argentino formalizó un programa de ciudadanía por inversión que abrirá las puertas para que ciudadanos extranjeros soliciten la nacionalidad mediante dos vías financieras principales: un aporte no reembolsable de USD 350.000 destinado al Tesoro o la suscripción de un título público a tasa cero por USD 800.000. El esquema, cuyas solicitudes comenzarán a recibirse durante el cuarto trimestre de 2026, contempla además montos adicionales para cónyuges e hijos. Sin embargo, la propuesta ha abierto un frente de debate que combina cuestionamientos jurídicos, tributarios y de seguridad internacional.

Un giro financiero frente a los antecedentes productivos

Si bien la centenaria Ley de Ciudadanía 346 (sancionada en 1869) ya contempla la naturalización por motivos económicos —como la radicación de industrias o innovaciones útiles—, sus supuestos históricos se apoyaban en el arraigo patrimonial y las actividades productivas concretas. La nueva iniciativa, amparada en el Decreto 524/2025 y regulada a través de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, traslada el foco hacia alternativas estrictamente financieras definidas por el Ministerio de Economía.

Para Marcelo Elizondo, analista especializado en comercio internacional, el mecanismo debe entenderse como un instrumento complementario dentro de la estrategia oficial de atracción de capitales, aunque desestimó que genere un impacto masivo por sí solo. Elizondo remarcó que el bono funciona como una inversión financiera mientras que el desembolso de USD 350.000 opera como un aporte al Estado, y aclaró que el proceso no otorga la ciudadanía de forma automática, ya que exige evaluaciones de antecedentes. No obstante, advirtió que la nacionalidad podría otorgar ventajas indirectas a extranjeros interesados en sectores regulados, como la adquisición de tierras.

Las alertas sobre la reputación del pasaporte y el rol de consultoras

Por su parte, el abogado y exembajador argentino en China, Diego Guelar, consideró que la medida puede ser viable siempre y cuando existan resguardos rigurosos para evitar que el documento nacional se convierta en un bien comercializado sin filtros. Guelar puso el foco en la necesidad de preservar la reputación y los estándares internacionales del pasaporte argentino.

Asimismo, el ex diplomático cuestionó un posible conflicto de torno a la consultora internacional Henley & Partners, firma especializada en programas de migración e inversión que ya promociona el esquema argentino en su plataforma digital. Guelar planteó la necesidad de transparentar si la empresa participó en el diseño del proyecto y si mantiene vínculos contractuales con organismos públicos del país.

El frente fiscal y el debate en el Congreso

En el plano impositivo, la iniciativa también genera cortocircuitos políticos. El diputado nacional de Unión por la Patria Guillermo Michel advirtió que modificaciones normativas asociadas a la reforma laboral podrían eximir del criterio de renta mundial a los extranjeros que adquieran la ciudadanía mediante inversiones relevantes. Según el legislador, esto crearía un régimen diferencial con la figura de los «contribuyentes Peter Thiel» frente al resto de los contribuyentes locales.

Especialistas recuerdan que es fundamental diferenciar tres conceptos jurídicos independientes: la ciudadanía legal, la residencia migratoria y la residencia fiscal, cuya aplicación definitiva dependerá estrictamente de la reglamentación y la letra chica de las normas.

Controles y perspectivas

Desde el plano oficial, se indicó que el proceso incluirá filtros estrictos para verificar la identidad, la licitud y trazabilidad de los fondos, la situación patrimonial, los antecedentes penales y reputacionales, los riesgos de la jurisdicción de origen y el historial migratorio del postulante.

La intervención de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión y de la Dirección Nacional de Migraciones en la definición de cada expediente marcará el pulso de un programa cuyo éxito dependerá del equilibrio entre la atracción de capitales y la rigurosidad institucional.