-¿Usted le va a pedir la renuncia a la contadora (Ana) Morel hoy o no, después de esta apreciación y después de la exposición que hizo hoy?.

-Es un análisis que lo vamos a tener que hacer con el gobernador.

El breve diálogo se produjo luego de la controvertida reunión en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, donde la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, con el ministro de Seguridad como silente partenaire, confrontó a los legisladores y defraudó las pretensiones esgrimidas por ellos para obtener precisiones sobre la ejecución del presupuesto en el área.

En un punto del extendido encuentro, el radical Maximiliano Pullaro, aludiendo a su condición de ex ministro de Seguridad, pidió la palabra para dejar sentado que «a mí me hubiese dado vergüenza ajena que un funcionario que está por debajo de mi jerarquía tenga las apreciaciones que tuvo la contadora Morel para con los representantes del pueblo de la provincia de Santa Fe, teniendo muchas inexactitudes, llevando adelante muchas falacias en su relato, comparaciones completamente inexactas. Se fuerzan normas diferentes que le tocó llevar adelante en la gestión de uno y de otro».

Intervención que remató con la pregunta dirigida al ministro, que tuvo como respuesta la formalista y a la vez ambigua respuesta del funcionario, que disparó toda una andanda de especulaciones sobre el futuro del staff de la cartera a su cargo, incluyéndolo.

Esa conversación con el gobernador Omar Perotti aún no tuvo lugar, o al menos no trascendió ninguna definición al respecto. Mientras tanto, fue el secretario de Gobierno, Oscar Urruty, presente en la reunión de este miércoles, quien asumió el rol de sentar la posición del Ejecutivo con respecto al debate suscitado.

En declaraciones periodísticas, el funcionario buscó pasar en limpio los números que reclamaban los legisladores a Morel (y que desataron la dilatada y enojosa alocución de la funcionaria), a la vez que definió la situación planteada en términos de «una funcionaria técnica» que se topó con «un recinto político».

«Lo que dijo la funcionaria es que 54 millones es lo que ya se pagó a los proveedores de bienes y servicios que se contrataron tras la sanción de la ley de emergencia. Lo que está comprometido para pagar son casi 2.400 millones para comprar camionetas», pasó en limpio Urruty, resaltando que de esa manera se dio uso a la casi totalidad de lo autorizado excepcionalmente por la Legislatura.

En términos generales, subrayó que «el Presupuesto en seguridad global en Santa Fe ronda los $ 82 mil millones, y supera sobradamente la Ley de Emergencia en Seguridad, donde casi el 75% está contratado. Hay una disquisición técnica entre ejecutado y contratado».

De todos modos, consciente de la insatisfacción de los diputados, Urruty dijo que «va a haber nuevos encuentros para ir aclarando estos temas, pero esencialmente para ir diseñando una política común de Seguridad».

Con informacion de El Litoral