Este miércoles el gobierno provincial publicó cuatro decretos, que llevan la firma del gobernador Maximiliano Pullaro, en el que revocó el pase a planta de 191 trabajadores de la administración estatal, dispuestos durante la gestión de Omar Perotti.

En horas de la mañana se publicaron los primeros dos, correspondientes al Ministerio de Educación y al ex Ministerio de Género -actualmente degradado a secretaría-. Allí se dispuso la cesantía de 134 trabajadores de Educación y de 24 empleados de Género que se dedicaban a dictar la capacitación de la Ley Micaela, obligatoria para los tres poderes del Estado.

Seguidamente, pasado el mediodía se publicaron dos nuevos decretos, en esta ocasión vinculados al Enerfe y al Ministerio de Producción. Allí se dictó el despido de 27 y seis trabajadores, respectivamente.

En todos los casos los decretos fundan la decisión, entre diversos considerandos, en que los empleados «no han tomado posesión de los cargos».

Marcelo Delfor, secretario administrativo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), criticó estas medidas asegurando que van «en línea con lo que hace el gobierno nacional de Milei».

«No es el mejor contexto para estas actitudes. Lo que se está objetando es el acuerdo paritario, hay una legitimación de un ámbito constituido legalmente, es de cumplimiento obligatorio», declaró el gremialista por LT9. Delfor calificó a la actitud como «inoportuna, innecesaria, e injustificada».

«Ingreso masivo»

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, señaló este miércoles que no se resignará «el compromiso con el salario de los trabajadores» pero advirtió que la actualización de los mismos se «irá analizando en función del crecimiento de los recursos provinciales». En ese sentido, responsabilizó al gobierno saliente de Omar Perotti y a los gremios por «el ingreso masivo de personal» a la planta permanente del Estado santafesino.

En declaraciones a la prensa y al referirse a las negociaciones salariales vigentes y por afrontar a lo largo de 2024, Olivares enumeró distintos niveles a tener en cuenta: «En primer término, la inflación y en segundo una gestión saliente que acordó cargar las cuentas provinciales con un pase masivo de personal», recordó.

En ese sentido, el funcionario apuntó que la planta del Estado se agrandó «en un 10 %» y que se pautaron «condiciones salariales que en los tres años y medio anteriores no se habían aceptado, disponiéndolas en el tramo final de gestión a sabiendas de que ya no iba a ser su responsabilidad».