La nueva versión de la Ley Ómnibus llegará al Congreso en los primeros días después del fin de semana largo de Semana Santa y el oficialismo espera darle media sanción el 24 de abril. Si ese cronograma se cumple, el Senado contará con un tiempo prudencial para poder aprobar el ambicioso proyecto definitivamente antes del 25 de mayo, fecha anunciada por el Gobierno para sellar un amplio pacto sobre políticas de Estado.
Para evitar un nuevo naufragio en la Cámara de Diputados funcionarios de la Casa Rosada vienen realizando rondas de consulta y negociación con los bloques dialoguistas (el PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal). Esperan llegar al recinto con un amplio consenso que evite cualquier sorpresa.
Los últimos en reunirse con miembros del Poder Ejecutivos fueron los representantes del PRO. Los diputados Cristian Ritondo, Silvia Lospennato y Silvana Giudici fueron recibidos el lunes por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos. También estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
Entre otros puntos, desde el PRO propusieron incluir dentro del proyecto de Ley Bases el capítulo de reforma laboral del DNU, actualmente suspendido por la Cámara Nacional del Trabajo. Se trata de uno de los temas que reúne mayor consenso dentro del arco opositor y podría ser aprobado por vía legislativa sin mayores inconvenientes.
La propuesta del PRO está en sintonía con las conversaciones que el Gobierno tuvo con la UCR y con el bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto (HCF). Ambos espacios ven con buenos ojos el grueso de la reforma laboral. Sin embargo, desde HCF plantearon que sería mejor presentar uno o varios proyectos por separado de la Ley Bases, ya que así se agilizaría su tratamiento.
“Es el único elemento expansivo en la economía que este gobierno ha propuesto”, había sintetizado el diputado Nicolás Massot durante el debate por el DNU en la comisión bicameral de Trámite Legislativo.
En un intento de apuntalar la propuesta de la Casa Rosada, el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, incluso presentó por su cuenta tres proyectos de ley que recogen las principales propuestas de modernización de la legislación laboral.
El primer texto busca ampliar el período de prueba de tres a ocho meses. Y si se decide dar continuidad a la relación laboral, habilita para el empleador el beneficio de la reducción de cargas sociales vinculadas al componente de seguridad social.
La segunda iniciativa intenta simplificar la registración laboral estableciendo un proceso electrónico simple y rápido. Además, elimina las multas por falta de registro laboral, buscando reducir el costo laboral excesivo y se habilita la denuncia electrónica de falta de registro laboral ante la autoridad de aplicación. El objetivo es reducir la informalidad laboral y mejorar el acceso al empleo para sectores marginados de la población, al tiempo que se busca hacer más previsible el costo laboral para los empleadores.
Por último, la tercera iniciativa establece que el ejercicio del derecho de huelga no puede afectar el normal desarrollo de las actividades de una sociedad. “El ciudadano no puede verse afectado en la demanda de servicios de seguridad, de transporte, de salud y educación a partir de acciones gremiales que alteren el funcionamiento esencial de esos servicios”, explicaron. En este sentido, se establecen guardias mínimas del 75% para el desarrollo de esas actividades fundamentales para el desarrollo normal de la vida de los ciudadanos.
Si existe acuerdo en términos generales, tanto desde la UCR como HCF adelantaron que propondrán algunas modificaciones. La eliminación de las multas por empleo no registrado fue uno de los puntos que ambos bloques tienen bajo análisis, ya que consideran que podría tener efectos contraproducentes.
“La anexión de estos artículos de reforma laboral se incluirían en el plenario de comisión a fin de agregarlo al dictamen”, detallaron desde la oposición.
Con información de Infobae
