El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, firmó el decreto 00135/2020 por el cual consolida la cesación de pagos a proveedores de servicios y contratistas de obra pública de la provincia, y los somete -a su excluyente facultad- para redefinir el monto adeudado y reprogramar los pagos en planes mensuales, anuales y hasta plurianuales, en ejercicio de un “superpoder” que las fracasadas normas de Emergencia y la aún incierta ley de Necesidad no le concede.
Perotti firmó el decreto el día 21 de febrero, pero no lo publicó en el boletín oficial. El mandatario hace uso de esta manera de una facultad que le otorga el artículo 54 de la ley de Presupuesto. Sin embargo esa norma acordada entre el peronismo y el Frente Progresista Cívico y Social en la Legislatura, sólo autoriza al gobernador a tomar créditos o disponer partidas presupuestarias para “cancelar” la deuda que se consolide.
La Casa Gris arrancó su alegato de emergencias señalando que “heredó” una deuda flotante que a noviembre calculó en $ 22,7 mil millones, cifra que trepó a $ 27 mil millones un mes más tarde, cuando -según se admitió más tarde- se incluyó en el cálculo la nómina salarial con más el aguinaldo para “hacer aparecer más grave” la situación.
Restando las deudas de nómina salarial (son coloquialmente gastos corrientes), así como las que la administración central tiene con municipios y comunas (que están exentas del decreto), se totalizan unos $ 4.500 millones de deuda flotante con proveedores y contratistas de obra, que sería el monto afectado por el decreto que la administración Perotti se dispone a no pagar. Salvo que se afecten servicios esenciales, lo cual deja al decreto con un destinatario casi único: las empresas que hicieron obras a la provincia, certificaron sus tramos y afrontan ahora un ahogo financiero porque la Casa Gris no les paga.
El Estado de “Necesidad” está cuestionado además por la falta de información oficial sobre la situación de las cuentas santafesinas, toda vez que la administración Perotti recauda y no paga. En la página web oficial de la provincia, la nueva gestión no informó sobre la evolución de esos números.
Los incumplimientos sin respaldo legal de la Casa Gris exponen a la administración santafesina a juicios millonarios, al tiempo que afectan en lo inmediato la alicaída economía real, toda vez que se paraliza un sector clave por la paralización gubernamental.
El decreto que Perotti aún no mostró, dispone un tortuoso mecanismo por el cual los acreedores del Estado están emplazados a presentarse para decir cuánto les deben: luego quedan sometidos una nueva revisión de legalidad de esa acreencia aún cuando ya fue certificada por el mismo Estado.
El texto que Perotti firma en su potestad como mandatario, le adjudica al mismo gobernador la facultad de determinar un monto de deuda y establecer plazos de pago que llegan a ser “plurianuales”. Si el acreedor no acepta, debe “volver a la cola” para reiniciar el reclamo de cobranza sobre lo ejecutado y reconocido en base a un contrato vigente.
La norma generará además mucho ruido político porque autoriza al mandatario -siempre según su propio decreto- a revisar si las acreencias de quienes se presenten son producto de renegociaciones de contratos durante la administración Lifschitz. Un “detalle” que promete más ruido político a los fallidos intentos del gobernador para contar con una ley de emergencia provincial.
El Litoral
