Tras el rechazo opositor y el distanciamiento de aliados clave como la UCR y gobernadores, el oficialismo reconoció que no contaba con los votos necesarios y debió retirar el punto más polémico a horas del debate en la Cámara Alta.
En un movimiento táctico desesperado por evitar una derrota mayor en el recinto del Senado, el oficialismo resolvió en las últimas horas retirar el capítulo más discutido del proyecto denominado originalmente como de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —y popularizado mediáticamente como Ley de Tierras. El apartado daba vía libre o elevaba los límites para la adquisición de inmuebles rurales por parte de capitales y personas jurídicas extranjeras, un punto que desató fuertes controversias a escala nacional.
Desde las oficinas de la Casa Rosada y la conducción del bloque libertario en la Cámara Alta, encabezada por Patricia Bullrich, reconocieron internamente que la oposición logró imponer sus condiciones y articular una resistencia insalvable. «El capítulo se convirtió en un freno total para la sesión», admitieron fuentes del oficialismo, que debieron ceder ante la contundencia de las negativas legislativas.
El dominó de bajas y el quiebre de las alianzas
El repliegue del oficialismo se precipito luego de una reunión clave en el bloque de la UCR. A pesar de las gestiones a contrarreloj desplegadas por la bancada gubernamental —que en última instancia buscó morigerar la propuesta original elevando de un 15% a un 25% el tope de posesión de tierras en manos extranjeras por provincia—, la falta de consenso fue absoluta.
El rechazo se consolidó cuando sectores que habitualmente acompañaban o mantenían una postura «dialoguista» marcaron una distancia tajante. Gobernadores con peso territorial como el neuquino Rolando Figueroa y el tucumano Osvaldo Jaldo manifestaron públicamente su oposición a la flexibilización para la venta de tierras a extranjeros. A esto se sumó la postura de legisladores del PRO y del radicalismo que se negaron a convalidar la medida, alimentados por una creciente «ola nacionalista» en la opinión pública que bloqueó cualquier margen de negociación.
Qué queda en debate en el recinto
Tras la eliminación de los artículos vinculados a la titularidad de tierras extranjeras, el Gobierno busca ahora resguardar el corazón normativo de la iniciativa de propiedad privada para la sesión pautada en el Senado.
El dictamen que finalmente llegará al recinto conserva otros apartados clave promovidos por el Poder Ejecutivo, entre los que se destacan:
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Aceleración de procesos de desalojo: reformas dirigidas a agilizar los trámites judiciales y policiales en casos de usurpación o tomas de terrenos.
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Modificaciones en el régimen de expropiaciones: endurecimiento de los requisitos y marcos para que el Estado declare la utilidad pública de inmuebles privados.
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Derogación de restricciones por incendios: la eliminación del cuestionado bloqueo temporal por décadas para el uso y venta de tierras que hayan sufrido incendios forestales u operacionales (marco introducido en gestiones anteriores por la llamada Ley de Fuego).
Escenario abierto y tensión política
Pese a haber retirado el punto que generaba mayor rispidez social e institucional, la sesión legislativa no estará exenta de tensión. Desde distintos sectores gremiales y sindicales confirmaron que mantendrán las movilizaciones convocadas a las puertas del Congreso de la Nación para repudiar la agenda legislativa del Ejecutivo.
Por su parte, en el plano estrictamente parlamentario, la conducción de la Cámara a cargo de la vicepresidenta Victoria Villarruel deberá administrar un debate complejo. El desenlace de esta jornada dejará abierta la incógnita sobre la fragilidad del esquema de alianzas del Gobierno y el impacto que tendrá este revés político en la agenda de reformas a futuro.




