El Gobierno nacional avanza con una profunda reformulación del esquema de subsidios energéticos y, según datos oficiales analizados millones de hogares argentinos continúan recibiendo asistencia estatal para afrontar el pago de las tarifas de luz y gas.

La implementación del nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) redefinió los criterios para acceder a las ayudas, priorizando las condiciones socioeconómicas y patrimoniales de los usuarios. En paralelo, el oficialismo impulsa modificaciones al régimen de “Zona Fría”, buscando limitar el beneficio únicamente a sectores considerados vulnerables.

De acuerdo al informe, el sistema actual dejó atrás el viejo esquema generalizado y comenzó a focalizar la asistencia estatal según los ingresos de cada hogar. En ese sentido, el beneficio se otorga “según condiciones socioeconómicas y patrimoniales de vulnerabilidad de los hogares”, detalla la publicación.

El debate tomó fuerza esta semana luego de que la Cámara de Diputados otorgara media sanción al proyecto impulsado por el Gobierno para modificar la ley de Zona Fría. La iniciativa busca reducir el alcance del subsidio al gas natural y concentrarlo principalmente en regiones históricamente frías como la Patagonia y zonas específicas del país.

Según datos difundidos por el Ejecutivo, la ampliación realizada en 2021 había llevado el número de beneficiarios de 950 mil a cerca de 4 millones de hogares. Ahora, la administración de Javier Milei considera que el sistema se volvió “fiscalmente insostenible”.

Además, el nuevo esquema mantiene diferencias entre usuarios con y sin subsidios. En electricidad, los hogares subsidiados continúan recibiendo bonificaciones sobre el costo de generación, mientras que en gas natural se aplican descuentos de hasta el 50%, con adicionales según la región y el nivel de consumo.

El informe también expone las fuertes desigualdades tarifarias entre provincias. En mayo de 2026, las facturas eléctricas subsidiadas más altas del país se registraron en Neuquén y Río Negro, mientras que los valores más bajos se observaron en Formosa y La Rioja. En el caso del gas, los costos más elevados continúan concentrándose en la Patagonia.

Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es “normalizar el sector energético” y avanzar hacia tarifas que reflejen los costos reales de producción y distribución. La reforma permitiría además un importante ahorro fiscal para el Estado nacional.