(Por Mario Caffaro- El Litoral).- La ministra de Educación, Adriana Cantero, tiene a la firma tres resoluciones declarando nulas otras tantas resoluciones dictadas por su antecesora, Claudia Balagué, por las cuales se dio estabilidad con el pase a planta a personal de los programas de Formación Profesional y Capacitación Laboral; Equipos territoriales con eje en la convivencia y el plan Vuelvo a Estudiar. Se trata unos 800 empleados que lograron la estabilidad en los últimos meses de la gestión del Frente Progresista y cuyas designaciones fueron objetadas por el Tribunal de Cuentas.

En los tres casos, la comisión creada por Omar Perotti para revisar las designaciones efectuadas por Miguel Lifschitz entre el 30 de junio y el 11 de diciembre, aconseja revocar las designaciones.

La decisión de Cantero provocará otro fuerte choque entre la actual gestión y la antecesora y se dará en momentos en que se discute en Legislatura el Presupuesto 2021 y las llamadas ley de conectividad que viene reclamando Perotti a un poder Legislativo donde el Frente Progresista tiene mayoría en Diputados. Es en esta Cámara donde Balagué además preside la Comisión de Educación.

Las tres observaciones del Tribunal de Cuentas fueron analizadas por la comisión designada por el gobernador Perotti a las pocas horas de su jura. El decreto Nº 0089 ordenó la revisión de las últimas designaciones realizadas por Lifschitz, desde el 30 de junio del corriente año hasta el 11 de diciembre pasado, período de vigencia de la ley de Responsabilidad Fiscal. La actual gestión puso la lupa en 166 decretos, tres de los cuales están ahora en el centro de la polémica.

El artículo 15 bis de la Ley de Responsabilidad Fiscal prohíbe actos administrativos durante el último semestre de cada gestión que pudieran impactar en el gasto fijo de la administración. Ello es lo que se interpreta que sucede con la incorporación de personal a planta. Por eso, la revisión de los decretos.

La comisión revisora la integran el Fiscal de Estado, Rubén Weder; el secretario de Trabajo, Juan Manuel Pusineri; el secretario Legal y de Coordinación del Ministerio de Economía, Javier Gallo; y el subsecretario Legal y Técnico del Ministerio de la Gestión Pública, Víctor Bonaveri.

Esta comisión prácticamente repite en los tres informes los ejes de los cuestionamientos a las resoluciones. Entre ellas el haberse obviado pasos indispensables para la cobertura de esos cargos; la transformación de cargos y horas vacantes para hacer los nombramientos evitando la cobertura con traslados; la no acreditación de la aptitud sicofísica ni la carpeta médica, ni tampoco haberse acreditado en las actuaciones el cumplimiento de la compatibilidad para realizar los nombramientos.

También se advierte que en los tres casos se habilitó a la entonces Secretaría de Educación a que exceptúe de requisitos concursales que expresamente están previstos en el reglamento general de concursos de ingreso a la docencia, invocando habilitaciones para resolver «lo no previsto». Hacen notar que no intervino en las designaciones el jurado concursal que estaba designado y cuando intervino, no hubo actas ni procesó el escalafonamiento con las publicidades del caso.

En los tres casos se advierte que no existe en los expedientes ningún antecedente que permita determinar qué títulos tiene el personal designado; no hay alusión a la capacitaciones en servicio que deben cumplirse y tampoco intervino la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación.

El gobernador Omar Perotti firmó el decreto Nº 0089 mediante el cual ordena una revisión de las últimas designaciones realizadas por su antecesor Miguel Lifschitz, desde el 30 de junio del corriente año hasta el 11 de diciembre pasado.

Se trata de unos trescientos nombramientos contenidos en 166 decretos, que se habrían producido de manera irregular. sobre la base de lo que establece el artículo 15 bis de la Ley de Responsabilidad Fiscal en la que se prohíben actos administrativos durante el último semestre de cada gestión que pudieran impactar en el gasto fijo de la administración. Ello es lo que se interpreta que sucede con la incorporación de personal a planta. Por eso, los decretos serán revisados y podrían ser dadas de baja las respectivas designaciones. Debe diferenciarse dicha situación de la del personal contratado, que viene reclamando su incorporación como personal de planta desde hace varios meses. Dichos casos implican una relación de precariedad laboral, cuya resolución quedó pendiente durante la gestión del Frente Progresista.

Tribunal de Cuentas

Con la firma de sus cinco vocales, el Tribunal de Cuentas dictó las tres observaciones legales que pueden llevar a reveer nombramientos en Educación.

* Observación legal 0044: cuestiona la resolución 1741 del 6 de noviembre firmada por Balagué.
* Observación legal 0014: apunta a la resolución 1868 de Educación con fecha 5 de diciembre.
* Observación legal 0015: reprueba la resolución 1869 del 5 de diciembre.
SUKERMAN CON MORONI Y KULFAS
El ministro de Trabajo santafesino se reunió con su par nacional, Claudio Moroni y con el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas. En ambos casos analizaron los conflictos laborales que inciden en la provincia y analizaron el vínculo entre producción y trabajo para superar la pandemia.
Del encuentro con Moroni también participaron funcionarios de las direcciones de Empleo Digno y Empleabilidad Inclusiva de la provincia, para conversar sobre distintas acciones que se vienen llevando adelante en materia de capacitación y formación con salida laboral que promueven ambos ministerios.
Por otra parte, tras la reunión con Kulfas, Sukerman expresó que «el vínculo permanente entre producción y trabajo nos permitió sobrellevar esta pandemia. Hoy seguimos trabajando de forma conjunta para superar la crisis económica que también nos dejaron los 4 años de políticas anti industriales que tuvimos durante el macrismo».
Finalmente, el funcionario también se reunió con Marcelo Domínguez, gerente general de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, con quien avanzó en la firma de convenios vinculados a la implementación de la Ley de ART en Santa Fe.