Fue condenada junto con su pareja en Santa Fe. El joven (17) estaba enfermo, casi no lo alimentaban y le impedían ver a su madre y hermanos. Lo amenazaron con asesinarlo de un disparo en la cabeza. No le pagaban honorarios.
Una denuncia abrió la puerta al espanto en un tambo santafesino. En una historia de sórdido raigambre familiar, un adolescente de 17 años pudo ser rescatado luego de que una pareja lo obligara a trabajar durante cinco años más 18 horas diarias, semidesnudo, bajo amenaza de muerte y casi sin alimentarlo.
Maricel Bernardita Román (43), una cordobesa de la localidad de Freyre, y su pareja, Víctor Raúl Bustamante (61), de Santa Fe, fueron condenados durante un juicio abreviado en esa provincia a cuatro y dos años de prisión, respectivamente, por el delito de reducción a la servidumbre.
Dos exempleados del tambo “Campo Tacité”, situado en la localidad santafesina de Josefina, se presentaron en la Policía Federal de San Francisco el 22 de agosto de 2019 y denunciaron a sus expatrones.
Relataron que el adolescente era sometido a continuos maltratos físicos y verbales, por parte de quienes tenían a cargo el tambo del arrendador de apellido Masento. Sin embargo, Román era la responsable del lugar.
Los denunciados residían allí junto a sus dos hijos menores de edad, una sobrina y el adolescente de 17 años. Los extrabajadores describieron que hacían trabajar al joven desde las 2 de la madrugada hasta las 20.30 (18 horas y media). Desde los 12 a los 17 años trabajó sin francos ni descansos, y que en ocasiones, descalzo y semidesnudo a pesar de las bajas temperaturas.
Contaron que no le daban de comer la mayor parte de los días, y que estaba amenazado para que no dejara el tambo y volviera con su madre. Durante sus extensísimas jornadas laborales, el muchacho era obligado a realizar actividades de ordeñe, cuidado y atención de animales (según relató en Cámara Gesell) en un tambo que producía unos 2.700 litros de leche diarios.
El joven –que además fue abusado sexualmente durante su infancia- no contaba con indumentaria adecuada ni dinero, bajo violencia física y psíquica, y amenazas. Tenía impedido tener contacto con otras personas ajenas al lugar, y sólo compartía el trabajo con otro peón rural, ahora exempleado.
El adolescente (sólo con estudios primarios) no estaba registrado ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), ni tenía certificado de cobertura emitido por una ART, como así tampoco autorización para trabajar otorgado por la autoridad competente.
A partir de los datos clave aportados, la Fiscalía Federal de la ciudad de Rafaela abrió la investigación. Los dos exempleados ratificaron la denuncia ante la Justicia federal. Y tras un allanamiento en el tambo, Román y Bustamante fueron detenidos.
El joven –huérfano de padre- fue hallado en malas condiciones de salud, vestimenta y aseo personal.
Los imputados fueron procesados como coautores del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, en la modalidad de acogimiento, de la víctima y por haber mediado abuso de la situación de vulnerabilidad, amenaza y violencia contra ella, por ser menor de edad y haberse consumado la explotación (y en el caso de Román, también agravado).
