La Intendente Alejandra Dupouy evaluó durante todo el fin de semana el contexto actual del tratamiento que se hizo de su solicitud en la aprobación de la emergencia económica, «necesaria para empujar la maquinaria de gestión» en estos primeros meses, en el Concejo. Dupouy se juntó en estas horas con algunos de sus colaboradores más cercanos, miembros del gabinete, y habría tomado una decisión de «decretar la emergencia». Fuentes a las que consultó Ceresciudad.com, nadie quiso confirmar esa decisión, pero no la descartaron. «El rol de los concejales opositores de dilatar el tratamiento fue impresentable» sostuvo uno de los hombres allegados a la Intendente en la mesa de decisiones.
«El peronismo no va a acompañar la emergencia por el simple hecho de que si la aprueban reconocen que dejaron una administración arrasada» dijo otro miembro del gobierno al que se consultó desde este sitio de noticias.
«El haberse retirado de la sala de sesión con la excusa de un llamado telefónico fue la primera señal que están recibiendo ordenes de alguien que no quiere que se vote la emergencia, para muestra solo basta un botón» agregó otro de los asesores de la Intendente.
Por este motivo, y tras una semana de idas y vueltas en el Concejo, y tras contar todos los porotos, incluso el voto de la concejal Guirado que manifestó a este mismo medio acompañar la emergencia, no alcanzan. El PJ se guarda el voto doble del presidente.
«Sin esa ordenanza la gestión está estancada no podemos avanzar en lo más mínimo y no queremos que la gente quede prisionera de un grupo opositor que ya sabemos será un palo en la rueda para todo» avisaron en un mensaje a la Intendente este fin de semana.
Con todos estos aportes y con la vista puesta en el Concejo, la Intendente estaría dispuesta a firmar el decreto que ponga en vigencia la emergencia económica, y avanzar en los puntos de la misma.
Con la emergencia decretada, la gestión del Gobierno de la ciudad de Ceres podrá renegociar deuda con proveedores, contener el gasto público, mejorar la recaudación, reasignar fondos, y asegurar la prestación de los servicios públicos.
No ampliar la planta permanente, la reducción del sueldo de la intendente y sus secretarios en un 25% y una revisión de todos los contratos, permisos y concesiones celebrados al 10 de diciembre de 2019. Reorganizar la estructura administrativa, buscando economía, jerarquización y eficiencia del empleo público.
Además de revisar el personal en condiciones de jubilarse.