El Secretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia, salió al cruce de las críticas expuestas por algunos legisladores acerca de los concursos para cubrir 36 vacantes de jueces comunitarios.

El funcionario expresó que en dicho concurso «se inscribieron 1066 participantes, de los cuales sólo 230 llegaron a la etapa final de entrevistas, resultando de ello 36 seleccionados». Y especificó que «la normativa reglamentaria que rige y se aplicó al concurso es el Decreto 268 de Febrero de 2019, no resulta de aplicación el Decreto 593/14 como algunos señalaron, pues éste fue derogado por aquél».

Según Somaglia, en el desarrollo del procedimiento se cumplieron las etapas de evaluación de antecedentes, oposición y entrevistas públicas, «tras lo cual el Jurado produce un dictamen final estableciendo un orden de mérito en base a una calificación global de las diversas etapas, extrayéndose a los tres primeros para integrar una terna sobre la cual el gobernador tiene la libre potestad para elegir a cualquiera de los 3 primeros postulados». Añadió que de todo ello se da cuenta en la página web del Consejo de la Magistratura, y de allí se extraen todas las actas y publicaciones formuladas.

Procedimiento
Frente a diversas consideraciones negativas que hacen hincapié en la alteración del orden en los resultados de la etapa de la oposición, el funcionario remarcó que en dicha etapa (de oposición), las calificaciones allí asignadas, tal como lo expresa el reglamento, lo son «al único y exclusivo fin de determinar los concursantes que superan dicha instancia para pasar a la etapa de entrevistas, en cuyo último pasaje el Jurado evalúa no sólo los antecedentes sino el plan de trabajo que cada postulante esboza, como sus conocimientos generales en orden a los ítems exigidos por el reglamento. Y recién al concluir todo ello y entrevistar a más de 230 personas, conforme lo dispone el art. 14 del Decreto 268/19, el cuerpo evaluador califica globalmente a cada postulante mediante la conformación de un orden de mérito definitivo a efectos de elevar a los tres primeros ubicados en una terna correspondiente. Y así sucedió».

Al ser interrogado sobre si hubo muchas impugnaciones, consideró que sólo hubo un total de 34 en la prueba de oposición, todas las cuales «fueron resueltas y sus resoluciones debidamente publicadas, como cada acto dispositivo del concurso. Aquella cantidad de impugnaciones sólo representó el 5% del total de participantes en la prueba de oposición. Y contra la Resolución publicitada sobre los resultados de la oposición habilitante para la entrevista, en la cual se nominara a quienes habían superado tal instancia, fue sólo una concursante quien formuló impugnación», precisó.

Acerca de los reproches señalados, Somaglia evaluó que «cada vez que el Gobierno envió pliegos de jueces a consideración de la Asamblea Legislativa fue un camino difícil de transitar, no sólo por su posicionamiento minoritario, sino además porque la polarización por un lado, y un gran número de bloques opositores que pugnan entre sí por otro, hace que los consensos sean difíciles de alcanzar, lo cual no sólo puede paralizar decisiones, sino hacer retirar o rechazar pliegos. Ello genera sin dudas una situación conflictiva muchas veces inevitable».

«Vale recordar que en el trascurso de la gestión del gobernador Omar Perotti, y sin olvidar la etapa de pandemia, se concluyeron 11 concursos, con 2.005 participantes admitidos, concluyendo en el envío de 23 Pliegos ya tratados por la Legislatura provincial (de los cuales 21 de ellos fueron aprobados) y 79 pliegos pendientes de tratamiento. En todos estos concursos se recibieron 59 impugnaciones, lo que representó un porcentual del 2,5%», agregó Somaglia.

Finalmente, en cuanto a las críticas que le apuntan personalmente, el secretario de Justicia las consideró, más allá de las intenciones con las que cada uno las vierte, «legítimas» en cuanto se formulan hacia el Consejo de la Magistratura del cual es Presidente. Pero por otro lado, manifestó que no le sorprende «la acción de algunos que la expresan, pues buscan llamar la atención con manifestaciones adversas sin un análisis de la legalidad de los procedimientos, evidenciando que la argumentación no tiene reglas, pues afirman hechos o proponen situaciones sin detenerse en valorar si ello puede aplicarse realmente. Pero más allá de cualquier connotación subjetiva, ese concurso sólo podrá resolverse si se alcanzan acuerdos básicos, y eso no sólo es desafío y responsabilidad del Poder Ejecutivo, sino también del Legislativo, quien deberá tratar los pliegos a los fines de cubrir las vacantes existentes en 36 localidades de la Provincia».

El Litoral