La imagen de los accesos con filas interminables molesta mucho a la administración nacional de Alberto Fernández​. Por eso, el Gobierno endurecerá los controles desde este miércoles, una vez finalizados los dos días de feriado, lo que hará que muchas personas intenten circular con una habitualidad parecida a la previa del dictado de la cuarentena.

Por eso, la orden que emana desde la residencia presidencial de Olivos es que, quien circule sin permiso, se le secuestra el auto, va preso y se le abre una causa penal.

«Vamos a apretar las marcas», asegura una fuente de extrema confianza y cercanía al Presidente de la Nación, quien desde las 11:30 de este miércoles, recibirá en la Quinta de Olivos a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, junto a los jefes de las fuerzas federales.

«Hay que apretar los controles. Que haya más presencia policial y de seguridad. Seremos inflexibles ante los que quieren circular como si en Argentina no pasara nada», grafica el funcionario que sigue al detalle tanto la evolución de los partes del Ministerio de Seguridad sobre los controles, así como los reportes del Ministerio de Salud.

El propio Alberto Fernández maneja cifras que comentó a sus colaboradores: ​en este regreso a la actividad, post feriado, ingresarán a la Ciudad de Buenos Aires 122 mil personas que trabajan en Salud y Seguridad. Y a eso, se le sumarán 100 mil más que que trabajan en alimentación, farmacias, estaciones de servicio y demás negocios de cercanía. O sea, un total de 230 mil personas que se mueven, que no es nada contra los 9 millones que lo hacen habitualmente en el ingreso cotidiano a la Ciudad.

Y dijo: «Los que no forman parte de esa gente, son unos inconscientes y les​ vamos a sacar los autos», señaló ante su equipo reducido.

Este seguimiento de los controles lo cumple también la Ciudad de Buenos Aires, donde el vicejefe de Gobierno Diego Santilli (de constante diálogo con Alberto Fernández) encabezará desde este mediodía, un recorrido para ver el efecto que produjo la decisión de cerrar 59 accesos a la Ciudad para fortalecer el aislamiento obligatorio.

Hasta ayer martes, el Ministerio de Seguridad mostraba una cifra de 1.229 personas detenidas «por incumplir con el aislamiento social preventivo obligatorio».

En detalle, 988 personas fueron detenidas por la Gendarmería Nacional; 92 por la Policía Federal Argentina; 76 por la Prefectura Naval Argentina y 73 por la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Y luego, hacían la disquisición de que habían sido «aprehendidas» (esto eso, demoradas para luego indicar que debían retornar a sus hogares), un total de 20.403 personas.

Quien debe definir si se procede a la detención o a la aprehensión de una persona es un fiscal o juez, luego de que las fuerzas de seguridad le dan intervención al Poder Judicial.

Pero el gobierno de Alberto Fernández quiere endurecer los controles y mostrar que no flexibilizará nada, sino que expondrá a quienes intentan burlarse de las directivas nacionales.