El Ministerio de Seguridad provincial confirmó el cobro de la primera intimación por más de 2 millones de pesos a una pareja del centro-norte santafesino. La ofensiva administrativa logró desplomar el pico de 90 llamadas diarias a cero.

La estrategia de persecución económica implementada por el Gobierno de Santa Fe contra los responsables de las falsas amenazas de bomba en establecimientos educativos ha marcado su primer hito financiero y estadístico. Según datos oficiales suministrados por el Ministerio de Seguridad provincial, el plan diseñado para trasladar los costos operativos de los despliegues logísticos a las órbitas familiares ya cuenta con 39 expedientes en trámite en todo el territorio y la concreción del primer pago voluntario.

El circuito administrativo se ejecuta a partir de la articulación con el Poder Judicial. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) remite inicialmente las actuaciones de origen penal vinculadas a los llamados intimidatorios. Una vez recibidas, el área legal y técnica de la cartera de Seguridad confecciona los expedientes administrativos que, posteriormente, son diligenciados y notificados en territorio por personal de la Policía de la Provincia.

“Ellos le pasan al área legal y técnica la información, nosotros armamos el expediente y lo pasamos a la Policía para que notifiquen”,

detallaron fuentes directas del Ministerio de Seguridad, ratificando el estricto circuito técnico-policial activado para dar curso a las demandas civiles de recupero de fondos públicos.

Hasta el momento, las dependencias gubernamentales han dado curso a 39 expedientes complejos. Sin embargo, desde la propia cartera aclararon que el volumen de documentos procesados es mayor, debido a que cada expediente puede englobar más de una cédula de notificación atendiendo a la realidad habitacional y conductual de los involucrados.

“A los padres separados se les notifica a cada uno y algunas personas reciben más de una notificación porque el nene o la nena lo hizo varias veces”,

precisaron desde el área de Seguridad, exponiendo la metodología empleada para segmentar las obligaciones monetarias de los adultos responsables ante reiteraciones delictivas por parte de los menores.

Un resarcimiento de más de 2 millones de pesos

El primer antecedente de cumplimiento voluntario involucra a una familia residente de una localidad chica del centro-norte santafesino. El caso particular corresponde a una pareja de padres separados cuyo hijo incurrió en estas prácticas disruptivas. De acuerdo con las precisiones brindadas por los voceros oficiales, el monto total del resarcimiento exigido supera los 2 millones de pesos.

“Hubo un pago voluntario. Vino la mamá y pagó la mitad y el papá tenía que pagar la otra mitad”,

confirmaron fuentes del caso. Ante la controversia generada por la naturaleza de la medida, la gestión provincial enfatizó de manera categórica que el reclamo no reviste el carácter de una sanción penal —órbitas que continúan su marcha en los tribunales correspondientes—, sino que constituye una vía de reparación patrimonial directa por los masivos gastos de combustible, personal y parálisis logística que demandan las brigadas de explosivos y los cordones policiales de evacuación.

Impacto en las aulas: De 90 llamadas a cero

Más allá del impacto en las arcas públicas, la medida ha demostrado una alta efectividad en su rol de disuasión social. Las estadísticas del Ministerio revelan una contracción drástica en las comunicaciones maliciosas que atormentaban la cotidianeidad escolar de distintas ciudades santafesinas.

“El pico llegó a casi 90 en una jornada. Pero hace unos días que está en cero”,

aseguraron con alivio las autoridades del área de control, trazando una correlación directa entre el inicio de las notificaciones económicas domiciliarias y el cese de las falsas alarmas que forzaban la interrupción sistemática de las jornadas de clases.

La encrucijada jurídica y el derecho de defensa

Pese al avance de las resoluciones ministeriales, el esquema de cobro administrativo comenzó a cosechar los primeros reparos técnico-legales por parte de los abogados patrocinantes de las familias intimadas. El debate en los despachos tribunalicios se perfila en torno a dos ejes centrales. Por un lado, las defensas argumentan que los hechos bajo investigación no configuran necesariamente el tipo penal del delito de amenazas, argumentando que el marco doctrinario exige condiciones taxativas como la existencia de un daño concreto, una persona determinada y un contexto real de coerción.

Por el otro, se cuestiona la facultad del Poder Ejecutivo para exigir ejecuciones de montos millonarios de forma directa sin una mediación o sentencia judicial previa. Las argumentaciones jurídicas de los letrados sostienen que la responsabilidad penal es estrictamente «personal e intransferible» —impidiendo que la conducta del menor sea sancionada económicamente en la cabeza de los padres por vía de multas administrativas—, mientras que la responsabilidad civil derivada de los daños sí podría ser trasladable a los progenitores, aunque únicamente bajo el dictado de una sentencia firme en un juicio de daños y perjuicios.

Frente al surgimiento de estas estrategias de impugnación legal, desde el Ministerio de Seguridad ratificaron de forma unánime que mantendrán la vigencia del procedimiento administrativo y continuarán adelante con las intimaciones. La postura oficial busca sentar un precedente definitivo frente a conductas que, durante semanas, desestabilizaron el normal funcionamiento de los colegios de la provincia y obligaron al Estado a dilapidar recursos operativos críticos.