Son 45 millones de entrevistas, en un solo día, a lo largo y ancho del país. Es insumo estadístico que debería servir para evaluar y planificar políticas públicas, diagnosticar demografía y situación social y de infraestructura. Lo que pasó, lo que pasa y hacia dónde hay que ir.
En un día, 750 mil censistas salen a la calle y van casa por casa en busca de esos datos. Se trata del mayor despliegue logístico: si parece mucho hacer una elección donde votan 25 millones, ¿qué decir de una encuesta masiva, domiciliaria, a 45 millones de argentinos?
La dimensión de ese operativo puso al Gobierno a evaluar si sigue en pie el calendario que fijó el INDEC en tiempos de Mauricio Macri que estableció como fecha para el censo el 28 de octubre del 2020. Es decir: dentro de ocho meses.
Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, se reunió el miércoles con el titular del INDEC, Marco Lavagna, para cotejar plazos y análisis preliminares de costos, para la realización del censo en la fecha pautada por el gobierno anterior.
No hubo, todavía, decisión tomada. Habrá una instancia más referida a cómo se financia el operativo y luego la determinación de si se confirma para fines de este año o se posterga para inicios del 2021.
Alberto Fernández tendrá en estos días un informe detallado sobre el censo, el cumplimiento del calendario y una pauta, preliminar, sobre cuánto costará su realización. «En pocos días, se termina de definir la fecha», confiaron a Clarín fuentes del Gobierno.
«La prioridad es hacer un censo de calidad. Si para lograrlo hay que demorar unos meses su realización, no es un problema», apuntan desde Casa Rosada.
Por norma -el decreto 3110 de 1970 que reglamentó la ley 17.622 que creó el INDEC- los censos se realizan cada 10 años pero la historia argentina está plagada de excepciones: con más de 200 años de historia institucional, se realizaron diez censos. El que viene será el número 11.
En las últimas décadas, se cumplió el formalismo del año en 1970, 1980 y 2010 pero se modificó el calendario en 1991 y en 2001. En el Gobierno dicen que en caso de demorarse hasta 2021, sería para principios del próximo año.
¿Por qué podría postergarse? «Hay tareas pre-censales que no se hicieron o vienen demoradas, se está trabajando sobre el cuestionario y falta, en algunos lados, información para definir el operativo», explica un funcionario vinculado a la realización.
Un caso: para establecer la ruta que hará cada censista, se necesita un mapa de cada vivienda que visitará. Esos datos, en algunos territorios, todavía no están completos. «El año electoral complicó un poco ese trabajo», deslizan en el Gobierno.
En 2017 y 2019, el INDEC organizó dos ensayos para evaluar el operativo y el cuestionario que se hará a los censados. Sobre esa base se fueron corrigiendo temas y preguntas, pero faltan -afirman en el Gobierno- ensayos para detectar posibles errores.
Hay dos temas que se consideran esenciales: la capacitación de las 750 mil personas que trabajarán como censistas, con todo el ejercicio del cuestionario, y algo tanto o más importante: una fuerte campaña, clara y con tiempo sobre la importancia del Censo para que los habitantes colaboren.
Eso no está. La dinámica de la crisis económica y las tensiones electorales sacaron, o dejaron en segundo o tercer plano, la cuestión del censo y ahora, con tiempo pero a las apuradas, el Gobierno tiene que definir si dan los plazos para garantizar «un censo de calidad».
Otro elemento no menor es el costo. Esa cuenta la bosquejará un equipo del INDEC y luego pasará a la órbita de Economía. A nivel mundial, hay una cuenta genérica sobre el costo de un censo: va de 1 a 2 dólares por habitante.
Devaluación mediante, y a partir de que el costo principal es el pago a los censistas, podría estar más cerca de 1 que de 2 lo que supone un costo cercano a los 45 millones de dólares, unos 2.800 millones de pesos.
Datos para estimar la dimensión, el costo y los plazos: con 750 mil censistas en las calles, el material que utilizarán requerirá compras y licitaciones. Eso también llevará su tiempo.
En el desarrollo de contenido, se viene trabajando sobre el cuestionario, tarea que también -dicen en el Gobierno- demanda tiempo extra porque se incorporan elementos nuevos y perfiles estadísticos y metodológicos.