En total, los peritos de la fuerza federal extrajeron un total de 50 muestras de agua, tanto de pozo como corriente. Todas fueron remitidas a un laboratorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su posterior peritaje cuyo resultado, estiman desde la Justicia, estaría dentro de días aproximadamente.

La extracción se llevó a cabo principalmente en el predio donde supo funcionar, hasta el año 2017, la fabrica Nesaglo S.A. que producía baterías y que empleaba distintos metales, entre ellos plomo, para la producción en serie. Esas instalaciones fueron ocupadas a mediados de octubre del 2020 y luego desalojadas en enero pasado tras la muerte de Xiomara Crespín, una niña de tan solo dos años, que falleció producto de la intoxicación con plomo.

Las otras muestras se realizaron en diez viviendas del barrio lindero a donde se encuentran las instalaciones de la exfabrica y también en inmediaciones del corredor ubicado en la ruta nacional 34, entre los kilómetros 384 y 394. A su vez, se tomaron pruebas en otras zonas del a la ciudad del departamento San Cristóbal.

Los peritajes de la Policía Federal fueron por orden del fiscal Gustavo Onel que investiga la detección de plomo o cualquier otro metal o sustancia que sea perjudicial para la salud y el propio medio ambiente producto de la actividad industrial que se desarrollaba en la empresa del barrio Las Américas.

Los hechos

El caso salió a la luz el pasado 6 de enero luego de que la niña Xiomara Crespi, de dos años, falleció en el hospital de niños Orlando Alassia tras intoxicarse con plomo en sangre. Según un primer estudio realizado, la menor tenía 1,98 grs/ml de plomo en sangre cuando los valores normales pueden llegar solo hasta 0,3 grs/ml.

Días después, arribaron al mismo hospital otros dos niños, de uno y tres años, que también sufrieron una intoxicación con plomo, pero en menor medida. Un mes después, el 20 de febrero, un adolescente de 12 años, también debió ser hospitalizado por el mismo tipo de contaminación.

La intoxicación fue a causa de que tanto Xiomara como el resto de los niños que lograron salvarse vivieron junto con sus familias dentro del predio que desde el 2017 se encontraba abandonado tras el cierre de Nesaglo.

Ante tal situación el municipio local, por medio de un decreto del 25 de enero, declaró al predio de la exfábrica como «zona no apta para ser habitada, por considerarse de riesgo ambiental y peligro sanitario».

Luego tomó intervención el fiscal Onel que como primera medida solicitó al juez Reinaldo Rodríguez que disponga la clausura de todo de la edificación. La misma se concretó el 4 de febrero con personal de la Gendarmería Nacional.