El oficialismo y las autoridades académicas acordaron una recomposición salarial en dos tramos y un fuerte refuerzo presupuestario para becas y hospitales. Sin embargo, las universidades advirtieron que no retirarán la demanda judicial por los fondos de financiamiento.

Tras meses de máxima tensión y masivas movilizaciones en todo el país, el Gobierno nacional y los rectores de las universidades públicas sellaron este miércoles un acuerdo salarial y presupuestario clave. La propuesta oficial, orientada a destrabar el severo conflicto que mantenía en jaque al sistema de educación superior, contempla subas en los haberes y partidas de emergencia para áreas críticas. Pese al avance económico, el frente legal sigue abierto: las casas de estudio confirmaron que mantendrán la demanda contra el Ejecutivo ante la Corte Suprema de Justicia.

Los detalles del auxilio económico

La oferta con la que la Casa Rosada logró el consenso de los rectores consiste en un plan de recomposición en dos etapas que impactará en los haberes de julio y octubre, con un incremento global que rondará el 25% respecto a lo exigido en la Ley de Financiamiento Universitario.

Según precisaron fuentes del sector, la estructura del ajuste busca subsanar de manera escalonada el fuerte retraso acumulado:

• 7 puntos porcentuales directos correspondientes a la pérdida del año 2024.

• 12,33 puntos vinculados al período 2025.

• El remanente estará destinado a compensar la pérdida del poder adquisitivo sufrida durante los primeros cinco meses de 2026.

Además de la pauta salarial, el oficialismo incluyó en el acta rubricada el compromiso formal de indexar los ingresos universitarios en lo que resta del año para evitar que continúen perdiendo terreno frente a la inflación.

Refuerzo presupuestario: Becas y Hospitales

El convenio no se limitó únicamente a los haberes del personal. El entendimiento con los rectores contempla una fuerte inyección de recursos para el sostenimiento del sistema:

• Becas Manuel Belgrano: Se definió un incremento del 50% en el presupuesto asignado a este programa de becas estratégicas, destinado a garantizar el acceso y la terminalidad de carreras consideradas clave para el desarrollo civil e industrial del país.

• Salud Universitaria: Se destinará una partida especial de $50.000 millones para el financiamiento y operatividad de los hospitales escuela dependientes de las universidades nacionales, los cuales atravesaban una crítica situación de insumos.

• Colegios Preuniversitarios: Se abrió una mesa de negociación puntual para los docentes de establecimientos de nivel medio (como el Nacional de Buenos Aires o el Carlos Pellegrini), fuertemente afectados tras la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID).

El dato

El acuerdo económico llega semanas después de la multitudinaria «Marcha Federal Universitaria» del pasado 12 de mayo, una movilización civil que obligó al Ejecutivo a acelerar las instancias de diálogo tripartito.

Conflicto judicial: La Corte no se toca

A pesar de la firma del acta y la evidente tregua financiera, los rectores universitarios le hicieron saber de forma taxativa al Gobierno que no retirarán la demanda judicial que actualmente analiza el Máximo Tribunal de la Nación.

Desde la perspectiva del Ejecutivo, la continuidad de la vía judicial es interpretada como una «incompatibilidad» con los desembolsos y aumentos otorgados en el pacto de hoy. No obstante, las autoridades académicas consideran fundamental que la Corte Suprema se expida sobre el fondo de la coparticipación y la legalidad del recorte de fondos previos, resguardando la autarquía de las instituciones.

Desconfianza en las bases gremiales

Mientras el canal institucional entre rectores y el Ministerio de Capital Humano muestra signos de pacificación, el frente sindical se mantiene en estado de alerta. Gremios mayoritarios como la CONADU manifestaron una profunda cautela respecto a los alcances reales del anuncio.

«Por ahora, es todo informal. Tenemos que ser muy cuidadosos y serios porque el Gobierno es un interlocutor muy escurridizo», advirtieron desde la conducción sindical a Infobae.

Los trabajadores de la educación exigen que este preacuerdo sea ratificado de forma inmediata en una instancia paritaria formal con fuerza de ley, bajo el aviso de que las medidas de fuerza —que incluyeron tomas edilicias y paros sectoriales— podrían reactivarse si el Ejecutivo posterga la firma definitiva con los gremios de base.