Tras la caída de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados, el gobierno nacional abrió distintos cursos de acción para encaminar su programa de reformas, tanto económicos como políticos. Así, mientras se define si los contenidos del mega proyecto se traducen en iniciativas más acotadas y específicas, para las que se pueda obtener apoyo del Congreso, también se tomó la decisión de «avanzar por decreto» en todo lo que se pudiera. Y esto en un contexto en el que recrudeció el ataque verbal a los gobernadores, en el marco de una serie de recortes acompañados de imputaciones.
En ese marco, el presidente Javier Milei anunció el propósito de «eliminar los fideicomisos», a los que definió como «cajas negras de la política», en beneficio de esa misma «casta» a la que señala como principal enemigo, y en la que pasan a militar quienes no respalden sus proyectos. El anticipo fue luego confirmado por el vocero presidencial.
Intento fallido
En rigor, la malograda ley ómnibus ya contemplaba esta figura, a los efectos de dar al Poder Ejecutivo la facultad de disponer de esos fondos, actualmente circunscriptos a finalidades específicas.
El inciso «h» del artículo 4° del mega proyecto habilitaba al mandatario a «transformar, modificar, unificar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisar su procedencia y destino para lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de recursos públicos».
Este artículo fue, precisamente, uno de los más resistidos por los gobernadores, y uno de los que precipitó la suerte de la ley. Se trató de una pulseada económica, pero definida en las categorías que hoy organizan el debate político. Para el gobierno nacional, la negativa de opositores duros y «dialoguistas» demostró que todos forman parte de la «casta», que se niega a resignar privilegios. Quienes anticiparon su rechazo a esa disposición lo hicieron alegando que implicaba ceder al Poder Ejecutivo una masa importantísima de recursos, que fueron asignados con fines específicos, para que el Presidente disponga de ellos a su arbitrio y conveniencia.
Cómo funcionan
Los fondos fiduciarios (o fideicomisos públicos) son una herramienta para financiar obras y proyectos que los gobiernos comenzaron a utilizar cada vez en mayor medida a partir de la década del ’90.
El Poder Ejecutivo Nacional, a través de ministerios u organismos del Estado, transfiere bienes o sumas millonarias de dinero a entidades, generalmente bancarias, para que administren esos fondos. Esos contratos tienen la particularidad de que el dinero es «separado» de la masa de recursos del Estado y se utiliza para un bien o fin determinado, que en principio no puede ser modificado. La contracara es que, en orden a la fluidez y eficiencia, hay pocos controles. Y no siempre se conoce si el dinero va al objetivo para el que se creó el fondo.
Los primeros fueron creados en 1995 durante la gestión de Carlos Menem al amparo de las privatizaciones y el ajuste fiscal mediante la cesión de acciones de YPF, del Banco Hipotecario, utilidades de Lotería S.E y créditos con el resto del mundo para asistir al sector financiero ante la amenaza de crisis económicas y habilitar el ingreso de capital privado al negocio de la infraestructura pública.
Luego, se sumaron los fondos financiados con la transferencia directa de fondos del Tesoro o a creación de un impuesto y la cesión de su recaudación para un fin específico (obra pública en infraestructura o vivienda, subsidios), mientras que hoy predominan aquellos que son financiados con transferencias de fondos del presupuesto de la administración nacional.
Ya en un informe publicado por Cippec en 2007, el analista Gerardo Uña alertaba sobre que esos fondos se hubiesen transformado «en un instrumento ‘todo terreno’ de la política económica, utilizándose para apoyar distintas decisiones del Gobierno en diversos ámbitos. En la década pasada, apoyaban medidas relacionadas con el régimen de convertibilidad. En la actualidad, otorgan subsidios y promueven sectores económicos específicos. De esta forma, se han alejado de la principal finalidad que sustenta su creación en el ámbito público: otorgar previsibilidad al financiamiento de políticas públicas de mediano y largo plazo, especialmente proyectos relacionados con obras de infraestructura».
Ambas circunstancias son las que dan pie al Presidente para hablar de «cajas negras», y a sus críticos argumentar que en realidad lo que quiere hacer es apropiarse de ellas. Y esta puja funciona en dos carriles de los abiertos tras el fracaso de la ley ómnibus: la compensación fiscal de las reformas que no se pudieron hacer, y la confrontación política con los mandatarios, sea a la manera de una represalia o como herramienta de disciplinamiento.
En cifras
No es para menos. En cifras estimativas, estos fondos concentran un presupuesto anual cercano a los $1,5 billones, cerca de 2 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI) del país, según datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación y la Oficina de Control del Presupuesto del Congreso.
Hay fondos que se financian con asignaciones específicas (como, por caso, un porcentaje del impuesto PAÍS), otros que tuvieron fondeo internacional. En el relevamiento que acaba de terminar Economía, y que cita en un informe La Nación, se contabilizaron 31 fondos fiduciarios bajo la órbita nacional, 17 administrados por el Banco de Inversión y de Comercio Exterior (BICE); 12, por el Banco Nación; uno está gestionado directamente por el Foncap, y otro, por el Banco Hipotecario.
Destinados en su mayoría a financiar obras públicas específicas o subsidiar energía y transporte, el paquete de fideicomisos incluye desde fondos más conocidos como el «Procrear» para la construcción de viviendas familiares o «de Infraestructura Hídrica», a los de «Integración Socio Urbana», «Manejo del Fuego», «Estabilizador del Trigo Argentino», «para el Desarrollo Provincial» o «para la Recuperación de la Actividad Ovina», entre otros.
Pulseada
Como los fideicomisos públicos funcionan en la práctica como presupuestos que afectan directamente a las arcas provinciales, el proyecto de su eliminación intensifica el conflicto entre los gobernadores y la Casa Rosada.
«Son como u$s20.000 millones. Son todas cajas negras de la política. Eso hay que terminarlo. Eso pone muy nervioso a muchos. Hay muchos agentes de la política que vive de eso», denunció Milei.
La Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Auditoría General de la Nación (AGN) sólo controlaron a 12 de ellos durante las últimas décadas, algunos en una sola ocasión y hace más de 10 años, en tanto que los responsables directos de varios fideicomisos retacean hasta datos básicos de gestión que deberían ser de acceso público, incluso a la Secretaría de Hacienda.
El nudo de la cuestión es que, lo que sí se sabe, es que los fondos fiduciarios suelen reportar saldos positivos. Pero en vez de girarse sus excedentes a rentas generales, esos remanentes quedaron dentro de los fondos.
La auditoría puesta en marcha por el gobierno a partir de la declaración de intenciones del Presidente apunta, además de blanquear esos números opacos, a establecer cuántos y cuáles pueden ser eliminados sin intervención del Congreso. En principio serian solamente 9, que son los que fueron creados por decreto. Para los demás, como para muchas otras disposiciones que figuraban en el proyecto de ley ómnibus, será necesario una vez más emprender la ardua tarea de intentar conseguir el apoyo parlamentario
Los fondos fiduciarios (o fideicomisos públicos) son una herramienta para financiar obras y proyectos que los gobiernos comenzaron a utilizar cada vez en mayor medida a partir de la década del ’90.
Con información de El Litoral
