“Está re caliente”, resumió, sin pelos en la lengua, un colaborador de Javier Milei sobre la reacción del Presidente ante el aumento del 30 por ciento otorgado por las presidencias de ambas Cámaras del Congreso a todos los diputados y senadores. La medida provocó una fuerte polémica durante los últimos dos días en el mundillo que más le importa al líder de La Libertad Avanza: las redes sociales. Por eso, el mandatario les pidió explicaciones y una retrotracción de la decisión a los responsables, Martín Menem y Victoria Villarruel.
La suba, sobre la que supuestamente los líderes legislativos libertarios no tenían registro, puso en alerta al Presidente, que la consideró como una señal contradictoria con la narrativa ante su preciada opinión pública de parte del Gobierno, que busca acompañar y, de alguna manera, justificar el fuerte ajuste económico con un recorte del Estado y la clase política. Así, Milei decidió sumar inesperadamente un nuevo tema del orden legislativo, que no lo entusiasma, a la preparación de la estrategia para negociar con los gobernadores la Ley Ómnibus reversionada y el Pacto de Mayo.
En Gobierno, sin embargo, intentaron aplacar la idea de una interna y aseguraron que el enojo del primer mandatario no estuvo direccionado a Menem ni a Villarruel, “sino al aumento en sí mismo”, a pesar de que fueron los titulares de ambas Cámaras del Congreso quienes firmaron la resolución que puso en vigencia la medida. “Le explicaron que se trataba de una norma que data de 2011, que automatiza los aumentos”, atenuaron el problema en la Casa Rosada, muy escuetos, dejando entrever que las cabezas de las Cámaras cometieron un error. “Fue un tema administrativo que ahora se va a dar vuelta”, acotaron en Balcarce 50.
La “calentura” de Milei, según la terminología que se escuchó en Casa Rosada, se conoció 48 horas después del incremento que, hasta hace tan sólo algunas horas, era defendido en el bloque libertario. De hecho, esta mañana el propio Menem había pedido comparar los salarios de senadores y diputados con los que perciben sus pares provinciales, los camaristas, los trabajadores de la AFIP o del Banco Central, como argumento a favor.
