Esta mañana el secretario de hacienda CPN Miguel Andrada, en los estudios de Máxima FM resumió la catarata de repercusiones que originó la presentación a la comunidad del resultado de la auditoria realizada sobre los últimos dos años de la gestión del ex Intendente Camilo Busquets.
El responsable de hacer conocer la deuda de casi $ 51 millones de pesos, hizo hincapié en las posibles condenas que podrían recibir los tres funcionarios a los que se señala como responsables de los desmanejos de fondos públicos.
«Hay un delito que es el sustracción de caudales públicos, que es de extrema gravedad, y eso puede llevar a la cárcel a un funcionario» sostuvo Andrada, quien defendió los números expuestos, pero que además no juzgó, «eso es un rol que le compete a la Justicia».
El día martes 1 de septiembre la Intendente Alejandra Dupouy se presentó ante la Justicia con el resultado de lo auditado, y se convirtió en querellante junto al Abogado penalista Eduardo Jauchen.
Andrada, en la entrevista radial, fue saludado por muchos oyentes, y respondió a distintas consultas sobre lo presentado anoche, la venta de lotes en Barrio Malvinas, la venta de un espacio destinado a plaza pública, con una ordenanza aprobada por los Concejales de ese momento, y sobre los saldos que se dejaron pendientes de pago ante una empresa de venta de materiales de la construcción, una ferreteria, y carnicería.
«Hasta nos vinieron a cobrar cotillón y otros articulos que se compraron para celebrar una fiestita de cumpleaños a un niño» dijo.
Asimismo, cuando se le consultó si hubo gastos desmedidos en la campaña electoral por parte del oficialismo, adujo, «hay una empresa de gráfica, que por confección de gorras, remeras y carteles, cobró casi un millón de pesos. Eso es parte de lo que se encontró, no podemos saber sobre otros gastos que originó la candidatura del oficialista, pero sospechamos que se usaron recursos públicos para la campaña».
En la auditoria, con esos resultados, ya hay una presentación en la Justicia, pero ahora recurrirán tambien al ámbito judicial por los fondos FAE; que se recibieron pero nunca se pagaron, «es imperioso que esto se defina en instancia judicial, porque la plata la provincia la mandó, pero jamás llegó a las escuelas. Si nosotros no hacemos la presentación judicial, es probable que desde provincia se traben futuras remisiones de fondos y eso perjudicaria enormente a las escuelas».

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