“Muchas veces se dice que el Poder Judicial es resistente a los cambios. Puede haber sido, pero no lo es en este caso. No lo será en este caso. Estamos asumiendo el compromiso militante. El crimen está organizado y no podemos enfrentarlo como un Estado o una justicia desorganizada”. Con estas palabras, el presidente de la Corte y titular del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, avaló en la Casa de Gobierno, frente al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, la implementación del sistema acusatorio, junto a los principales referentes del ámbito de la Procuración y la Defensoría General.
Fue una reunión protocolar después del torbellino que se había generado la semana pasada cuando el ministro de Justicia firmó el jueves la resolución que ponía en vigencia el código acusatorio en Rosario desde este lunes, decisión que -24 horas después- fue revocada. El nuevo sistema recién comenzará a implementarse a partir del 6 de mayo. Ahora, empezó a correr el reloj para llegar a cumplir con todo lo esa reforma necesita.
Las máximas autoridades del Poder Judicial y los principales funcionarios del gobierno de Javier Milei en el área de Justicia se reunieron cara a cara para asumir la tarea de trabajar en la puesta en marcha de la demorada reforma. Se espera que sea una herramienta para intentar combatir el crimen organizado, aunque saben que no es garantía de éxito y que el “trabajo mancomunado” es la clave. Las preguntas del mundo judicial apuntaron a lo mismo que quieren saber desde que llegó el Gobierno: ¿hay recursos? Los invitados se fueron con la palabra de que habrá fondos para llevarlo adelante.
Un rato después, fue el propio Cúneo Libarona el que habló del tema en la conferencia de prensa que brindó junto al viceministro, Sebastián Amerio, representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. “Hemos conseguido los fondos. Nos las ingeniamos. Hemos hecho un esfuerzo extraordinario matemático para nutrirnos de fondos necesarios e indispensables para poner esto en funcionamiento”, dijo el ministro.
Pero cuando le preguntaron si Javier Milei había decidido ampliar las partidas de presupuesto para el área de Justicia, Cúneo se mostró reticente a hablar de esos números. “Hablé bastante con el señor presidente (Milei) y voy a tratar de no tocar los fondos que cuida el ministro (Luis) Caputo y el señor (titular del Banco Central Santiago) Bausili. Yo soy buenísimo en materia de administración”. Habló desde la venta de propiedades decomisadas hasta “apoyo del mundo internacional” que confían en él. “No sé si voy a hacer una colecta, pero a cada santo una vela”, bromeó el ministro al pensar en cómo será aplicarlo en cada distrito. “Nos la pasamos haciendo cuenta todos los días para nutrir de una estructura edilicia a estas reformas”, completó.
En Casa de Gobierno, bajo la formalidad de la Primera Reunión del Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal Federal, todos los actores se enfrentaron: Cúneo y Amerio, Rosatti, el procurador general interino Eduardo Casal, la jefa de los defensores oficiales Stella Maris Martínez; el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, y un grupo de miembros del Consejo de la Magistratura: los consejeros Agustina Díaz Cordero, Roxana Reyes, Alejandra Provítola, Eduardo Vischi, Fernanda Vázquez, Hugo Galderisi, Jimena de la Torre, Miguel Piedecasas y Diego Barroetaveña. Estuvieron además jueces de la Cámara Federal de Rosario, a cargo de la jurisdicción donde se vendrán los cambios. Además participaron el ministro del Interior, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, Diego Guerendiain, entre otros funcionarios del Poder Ejecutivo.
Con información de Infobae
