En repetidas ocasiones de la historia de nuestro país, la resistencia frente a Gobiernos que se caracterizan por incumplir lo que dice la ley, estuvo en manos de estudiantes y docentes. Y hoy no es la excepción.

Argentina tiene una larga tradición de lucha estudiantil: en 1918, el movimiento de jóvenes de la Universidad Nacional de Córdoba logró la Reforma Universitaria del 18, el puntapié más importante que dio las bases de una educación superior pública, gratuita, laica y de calidad.

En 1966, cuando comenzaba la dictadura autodenominada «Revolución Argentina», la responsable del derrocamiento al presidente Illia, el régimen emitió un decreto para intervenir las Universidades Nacionales, anular su autonomía universitaria y acabar con el cogobierno estudiantil, al considerar a las casas de estudio como focos de oposición y pensamiento crítico. ¿La respuesta de alumnos, docentes y graduados? Ocupar pacíficamente varias facultades, lo que llevó a que la Dirección General de Orden Urbano y la Guardia de Infantería de la Policía Federal ingresaran por la fuerza a las facultades usando gases lacrimógenos y bastones largos de madera especialmente estrenados para la ocasión.

Después, con la última dictadura cívico-militar, se cuentan de miles los estudiantes, graduados, docentes y no docentes desaparecidos por resistir, luchar o, simplemente, disentir con el régimen y militar políticamente. Y más cercano en el tiempo, tanto en la década de los 90 como en los 2000, las luchas siguieron pero, en la mayoría de las veces, vinculadas a cuestiones presupuestarias. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre todas esas movilizaciones y resistencias con las que vemos actualmente? ¿Qué hace distinto a ese contexto con el actual?

La principal diferencia radica, en mi opinión, con la postura abiertamente declarada del Gobierno Nacional. Mientras hace unos años la cuestión de la Universidad Pública era un tema sagrado, que a nivel país estaba socialmente aceptado no cuestionar, porque se reconocía el valor que aportaba a la sociedad, hoy la mirada es totalmente opuesta.

Impulsado por un modelo de Gobierno que viene a romper con todo, incluso con lo que nunca pensamos que se iba a tocar, el plan político de Milei tiene dos objetivos muy sencillos:

1. Destruir la educación superior pública por considerarla un «espacio de adoctrinamiento» que va contra su ideología.

2. Lograr la mercantilización de este nivel educativo. En los 90, bajo el gobierno de Menem con ideas políticas y económicas muy similares al actual, se multiplicaron las universidades privadas.

Y como no podía ser de otra manera, en su narrativa simplista, tuvieron la capacidad de instalar que el problema con la educación universitaria es presupuestaria. Por este motivo, el Estado Nacional lleva más de 330 días incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario, empobreciendo cada día a docentes, investigadores y a todo el personal que hace que el engranaje funcione; debilitando, aún más, la infraestructura; interrumpiendo investigaciones científicas que pueden ser transformadoras para el día de mañana; cortando becas y la posibilidad a miles de estudiantes y familias de continuar con el sueño universitario.

Y no deja de ser irónico que el Gobierno que ganó elecciones denostando al kirchnerismo por no cumplir las leyes sea hoy el mismo que se niega a darle a las universidades lo que por ley le corresponde. Ni seis votaciones en el Congreso que aprobaron y luego revalidaron la ley de financiamiento universitario ni cuatro fallos judiciales que ordenaron cumplir la norma parecen ser suficientes para que Milei accione y cumpla.

Muchos meses pasaron desde que quisieron instalar que era necesario avanzar con una auditoría de las universidades, a las que las mismas casas de estudio accedieron. Sin embargo, nada se realizó y sólo fue una pantalla para continuar desfinanciando una de las cosas que más orgullo nos da como argentinos, que siempre nos posicionó en los más altos rankings mundiales.

La universidad, la educación en todos sus niveles, no puede ser reducida simplemente a una cuestión económica. Un Estado debe garantizar, en sus niveles más básicos, sin posibilidad a discusión, salud, educación y seguridad. Y la sociedad debe luchar por contar con salud, educación y seguridad de calidad, sin discusión. ¿Lo estamos haciendo o, como en otros momentos de la historia, sólo se moviliza un sector ínfimo de los argentinos?

Por Narella Boscarol Lic. en Comunicación Política/ Maestranda en Comunicación Política