La provincia deja a cada municipio que defina cómo aplicar las restricciones, Ceres tendrá que tomar su decisión

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Tras el decreto nacional que le otorga facultades a las provincias para restringir las actividades nocturnas por el acelerado aumento de contagios de coronavirusla provincia delineó anoche con municipios y comunas detalles para adecuar la norma que entrará en vigencia a partir del lunes en Santa Fe. Si bien anticiparon que “no será de manera uniforme”, se baraja que los días de semana la restricción comience a la 0.30, pudiéndose extender a la 1.30 viernes y sábados, pero si una población considera que su situación es más apremiante, tendrá la facultad de aplicar mayores restricciones horarias. Además, todos los mandatarios le pidieron al gobernador Omar Perotti en la reunión que miembros del Ministerio Público de la Acusación y de la Justicia acompañen los operativos de control.

La idea no es perjudicar al sector productivo, teniendo en cuenta el descontento manifestado, por ejemplo, por la Asociación Empresaria de Rosario y los representantes de bares y restaurantes.

Ayer el gobernador tuvo una reunión con intendentes y presidentes comunales. Tras el encuentro, que se desarrolló de manera virtual, fuentes de la Casa Gris indicaron que los lineamientos que se están tomando desde la Secretaría Legal y Técnica van en torno a posibilitar la extensión de la apertura comercial hasta la 0.30 los días de semana, con posibilidad de aumentar ese límite hasta la 1.30 los viernes y sábados, según indicaron fuentes del gobierno provincial.

En tanto, voceros de la Casa Gris confirmaron que las comunas y municipios que entiendan que, por su realidad en cuanto a casos de coronavirus diarios, necesitan de mayores restricciones, tendrán la facultad de aplicarlas.

Además, el Ministerio de Salud provincial estará al tanto de cada situación, con la posibilidad de sugerir medidas para determinados lugares que requieran mayores restricciones o mayores cuidados.

Por su parte, tras la reunión de anoche se conoció que hubo un pedido unánime de intendentes y presidentes comunales para que tanto el MPA como diversos miembros de la Justicia acompañen en cada localidad para reforzar las instancias de control.

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