El defensor oficial recurrió a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario tras considerar que ni el juez ni el fiscal lo tuvieron en cuenta para resolver que el expediente regrese a la Fiscalía de San Cristóbal.

El defensor oficial ante el Juzgado Federal de Rafaela, Eduardo Marcelo Cerdá, apeló la resolución del juez Miguel Abásolo que durante la feria judicial declaró la incompetencia en la causa que investiga la desaparición de Maximiliano Sosa, el niño desaparecido en la ciudad de Ceres (departamento San Cristóbal) el 21 de diciembre del 2015 y que desde ese entonces nada se sabe sobre su paradero. Por el caso se encuentran detenidos, con preventiva, la abuela del niño, Patricia Sayago y la pareja de esta, Ariel Malagueño, los cuales quedarán en libertad el próximo 28 de julio tras cumplirse el plazo máximo de detención.

La apelación del letrado público fue en razón de que ni el juez Abásolo ni el fiscal federal subrogante de esa jurisdicción, Federico Grimm, tuvieron en cuenta a la defensa de ambos imputados (Cerda por Sayago y Néstor Oroño por Malagueño) para determinar que la investigación vuelva a la Justicia provincial donde originalmente se inició el expediente de búsqueda del niño. Por esa razón, el reciente planteo deberá ser resuelto ante un juez de alzada de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

La declaratoria de incompetencia del juez Abásolo surgió luego de un pedido del fiscal Grimm, quien luego de un año de tener el expediente judicial en su Fiscalía no encontró elementos que le permitieran sostener la sospecha por el delito de “trata de personas con fines de explotación” contra los dos detenidos que tiene la causa.

El planteo judicial de la defensa se da justamente a días de que culmine la prórroga de prisión preventiva en la que se encuentran tanto Sayago como Malagueño. Es que según informó en su resolución el juez Abásolo, el próximo domingo, culmina el plazo de detención que puede tener una persona que se encuentra detenida por una investigación. Tal situación motivará a que tanto Cerda como Oroño soliciten la inmediata libertad para los dos imputados.

Planteos cruzados
La investigación para encontrar o por lo menos saber qué sucedió con Maxi Sosa en 2015, lleva más de tres años tramitándose tanto en la Justicia federal como en la ordinaria. Inicialmente el caso fue abordado por la fiscal de San Cristóbal, Hemilce Fissore y miembros de la Agencia de Trata de Personas de Santa Fe, los cuales tras una serie de meses de investigación dispusieron detener a Sayago y Malagueño, el 28 de julio del 2016.

Como la investigación detectó,según el criterio de Fissore, que la desaparición estaba vinculada al delito de trata de personas -de índole federal- se declaró incompetente, por falta de jurisdicción y pidió que el caso continúe siendo investigado en el Juzgado Federal de Rafaela. Sin embargo, el juez del Colegio de Jueces, Hugo Tallarico, rechazó el pedido el 23 de marzo del 2017, y por tal razón el planteo debió ser resuelto en la Cámara de Apelaciones de Rafaela donde finalmente un juez falló a favor de la Fiscalía para que la causa pase al fuero federal.

Por ese fallo, el Juzgado Federal rafaelino se declaró incompetente y el incidente judicial debió ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 27 de enero del 2018, resolvió que la causa se instruya en en el Juzgado de Abásolo tras entender que dicho fuero no puede rechazar ni declinar la competencia sin antes realizar las “medidas necesarias para establecer si se configuró o no ese delito”.

Radicado el expediente en la Fiscalía Federal de Rafaela e instruida la causa en el Juzgado de Abásolo, se tomaron una serie de testimonios, se peritaron teléfonos y además se ejecutó, el 11 de enero de este año, una excavación a la propiedad donde vivía Maxi Sosa con su madre en el barrio Juan Pablo II de Ceres pero los resultados fueron negativos.

Cambio
Meses después de esa investigación, el fiscal federal Grimm pidió al juez Abásolo que la causa vuelve al Ministerio Público de la Acusación tras considerar que no había elementos para vincular el caso con el delito de trata de personas. El magistrado hizo lugar y en plena feria judicial, el 16 de julio pasado, resolvió que el expediente vuelva al Colegio de Jueces Penales de San Cristóbal.

Mediante ocho puntos, el fallo declaró la incompetencia en la investigación y además invitó a los magistrados de la Justicia provincial a que si en caso de estar en desacuerdo con la medida debatan nuevamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que dirima el conflicto. No obstante ello, colocó a disposición del Colegio de Jueces a Sayago y Malagueño y también les informó que el próximo 28 de julio vence la prórroga de prisión preventiva de ambos.

Finalmente, ofició a la Justicia provincial para que trate el pedido de constitución de querellante por parte Daniela Ángela Sosa, la madre del niño desaparecido.

Ignacio Mendoza- Aire de Santa Fe