«Pediría que vuelvan a abrirlo y a investigar bien”, clamó Daniela Sosa, en diálogo con LA NACION, a principios de septiembre, con el caso de Loan Peña, el chico de cinco años que desapareció el 13 de junio pasado en el campo de su abuela, en Corrientes. Su ruego no está descontextualizado. Ella vive una situación similar a la de la mamá del niño correntino desde hace casi nueve años. El 21 de diciembre de 2015, a la hora de la siesta, su hijo, Maximiliano Sosa, de tres años, le avisó a su abuela materna, Patricia Sayago, que iría a jugar a la casa de un amiguito allí en su barrio, el Juan Pablo II, en el acceso sur de la ciudad de Ceres, 270 kilómetros al noroeste de esta provincia, muy cerca del ingreso a Santiago del Estero. Nunca más volvió a verlo.
Casi un mes después, la Justicia le dio respuesta a su pedido. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que la Justicia federal con sede en Rafaela, que actúa por jurisdicción, continúe con la búsqueda de Maxi.
Durante un tiempo, el expediente continuó tramitándose en el Juzgado Federal de Rafaela –actualmente a cargo del juez Marcelo Bailaque– hasta que se declaró incompetente y solicitó que el caso pase a la Justicia provincial. El planteo fue cuestionado y finalmente la Corte Suprema se expidió. En una resolución de seis páginas, que lleva las firmas de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ratificó a la Justicia Federal para seguir con la búsqueda de Maxi Sosa, ya que la mayor parte de la investigación se tramitó en ese fuero.
El 9 de septiembre último, LA NACION publicó el diálogo con Daniela Sosa, la mamá del menor desaparecido, quien ante una consulta sobre qué le pediría al Estado después de tanto tiempo sin recibir noticias de su hijo, respondió: “El caso de Maxi y el de Loan son muy parecidos. Sucede que en el caso de Loan se supieron muchas cosas que no ocurrieron en el caso de Maxi. Me gustaría que acá los investigadores hagan lo mismo”.
Ahora, el fallo del máximo tribunal del país consideró, además, que la causa debe ampliar el “espectro territorial para establecer si el menor pudo haber sido inscripto en registros civiles provinciales e indagar sobre la existencia, a partir de la fecha de desaparición, de algún cadáver perteneciente a algún niño de tres años cuya identidad pudiera ser compatible con la de Maxi”.
El caso
La pesadilla para la familia Sosa comenzó el 21 de diciembre de 2015. Lo sucedido esa tarde lo comentó la madre de Maxi. “Yo estaba internada en el hospital. Había comprado [dado a luz a su hijo, Joaquín] y me internaron junto a mi bebé, que decían podría tener fiebre amarilla. Esa tardecita del 21 de diciembre de 2015 me enteré de que mi nene no aparecía, que se había perdido, que lo buscaban. Dijeron que mi mamá no quería que estando internada tuviera esa triste noticia. Así que esa misma tarde, primero vino la policía y luego el papá de la criatura y me dijeron lo que estaba sucediendo. Sinceramente, no lo podía creer”.
Daniela reconoció: “La verdad es que no sé lo que pasó. Hasta el día de hoy no tengo una hipótesis contundente. No sé si me lo robaron o si hubo algo más. Pero con lo que sucedió con el caso Loan llegué a pensar que también pudo haber ocurrido que a Maxi me lo vendieron”.
Lo último que se conoce de Maxi fue el aviso a su abuela materna, Patricia Daniela Sayago, que en ese momento tenía 41 años. “Abu, voy a jugar con los amiguitos de acá al lado”, dijo Maxi. Fue lo último que se le escuchó. Ningún vecino lo vio, ni lo recibió en su casa a la vera de la Ruta Nacional 34, al costado del Paseo de la Vida, cerca del asentamiento actual del destacamento de Gendarmería.
Daniela sigue creyendo que su madre y la pareja, Ariel Reinaldo Malagueño –que en aquel momento era chofer de una ambulancia en un distrito cercano a Ceres–, tuvieron mucho que ver con la desaparición de su hijo. De hecho, ambos estuvieron detenidos y luego liberados por falta de mérito. Enfrentaron un juicio por “sustracción de persona menor de 10 años” y terminaron sobreseídos por insuficiencia de pruebas en su contra, en diciembre de 2021.
“Ocurre que siempre hubo agujeros en la investigación. Claro que me hubiese gustado insistir con que sigan investigando. Pero para eso hace falta dinero y hoy, lamentablemente, no tengo los medios para seguir”, dijo Daniela Sosa a LA NACION.
Ahora se abre una nueva instancia, orientada a continuar la investigación. De Maxi se dijo que había sido visto en un subte de la ciudad de Buenos Aires, en una terminal de ómnibus en el Noroeste argentino, y en tantos lugares más. Ninguna referencia motivó el interés de los investigadores. Por eso, esta decisión del máximo Tribunal de Justicia reabre la causa, pero también las expectativas de una familia que no consigue cerrar el caso.
Por Jose Bordon para La Nación
