El máximo tribunal revocó la cautelar promovida por el Centro de ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) que frenaba la aplicación del artículo 154 del DNU 70/2023. De este modo, queda sin efecto la restricción impuesta por la Ley de Tierras Rurales.
En un fallo clave para el marco normativo y económico del país, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la medida judicial que mantenía suspendida la derogación de la Ley de Tierras Rurales. Con esta decisión, vuelve a quedar plenamente vigente la disposición del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 impulsado por el Gobierno de Javier Milei, la cual elimina los topes y restricciones a la compra de terrenos por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras en el territorio nacional.
La controversia judicial se había iniciado tras la demanda presentada por el Centro de ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), entidad que promovió un amparo con el objetivo de frenar el artículo 154 del mencionado DNU. La Cámara Federal de La Plata le había otorgado la razón al colectivo, dictando un fallo que suspendió los efectos del decreto en lo que respecta a la propiedad de la tierra.
Sin embargo, ante el recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional, el máximo tribunal resolvió revocar esa sentencia. Los jueces de la Corte argumentaron que el CECIM no contaba con la personería ni la legitimación procesal adecuada para litigar en representación de un «interés colectivo» en esta materia, al no configurarse un bien colectivo jurídicamente tutelable afectado directamente por la medida.
Desde la perspectiva jurídica, el máximo tribunal aclaró que esta resolución responde a un análisis estrictamente procesal de legitimación y no implica un pronunciamiento de fondo sobre la validez constitucional o de oportunidad del DNU 70/2023, como tampoco una intromisión en las facultades legislativas del Congreso de la Nación para revisar normativas de emergencia.
Con el fallo firmado por los integrantes de la Corte Suprema, cae la traba cautelar que pesaba sobre la venta de tierras rurales a inversores extranjeros, restituyendo el escenario planteado originalmente por el Ejecutivo para desregular el mercado inmobiliario rural.
