El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) hizo una presentación en la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), en relación a la Consulta Ciudadana meramente decorativa, de carácter no vinculante y por escrito, convocada por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) con la finalidad de imponer un incremento de las tarifas de peaje en la Red Vial Nacional concesionada, incluyendo Accesos Norte y Oeste.
Dicha Procuraduría depende del Ministerio Público Fiscal, siendo un organismo especializado en velar por la legalidad de la actividad de la administración pública nacional.
El CONADUV señala que dicha Consulta Ciudadana, que venció el 18 de junio próximo pasado, se ha llevado adelante sin que exista un Ente Regulador ni Marco Regulatorio que defienda los derechos de los usuarios viales directos e indirectos, tal cual lo exige la Constitución Nacional en su artículo 42. Ni siquiera se hizo una convocatoria a audiencia pública. Cabe destacar que las concesiones viales tienen carácter de servicio público, así como ocurre con el gas, la luz o el agua.
Se sospecha que detrás de este tema podría existir una maniobra tendiendo a beneficiar en forma ilegítima a las Empresas Concesionarias, tales como Corredores Viales S. A., Caminos del Río Uruguay S. A., Autopistas del Sol S. A. y Grupo Concesionario del Oeste S. A., provocando serios perjuicios sociales y económicos a los usuarios viales y a toda la sociedad en su conjunto.
En el caso concreto de los Accesos Norte y Oeste, fue el actual Gobierno, el que antes siendo oposición, denunció que las Empresas Autopistas del Sol S. A. y Autopistas del Oeste S. A. (GCO) estaban fuera de la Ley y cuestionando la prórroga indebida de los respectivos contrato. Además criticaron y denunciaron a Corredores Viales S. A. que actualmente tiene bajo su administración todas las rutas nacionales concesionadas, excepto el corredor vial N° 18 (Rutas Nacionales Nº 12 y 14). Sin embargo, ahora desde el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) intentan paradojalmente, y vaya a saber porque razón, premiarlos con un incremento de tarifas totalmente inapropiado, injusto, ilegal y carente de todo fundamento técnico económico desde el punto de vista de la ingeniería económica de transporte.
