La comisión de seguimiento del caso Vicentín de diputados provinciales pedirá una reunión con el flamante interventor de Vicentín, Gabriel Delgado. El grupo de legisladores provinciales que está siguiendo el concurso de una de las firmas más importantes de la provincia tenía prevista una reunión con representantes del Banco Nación que no pudieron concretar en medio de la pandemia por Covid-19. Sin embargo, el anuncio que hizo este lunes el Presidente hizo que ahora se solicite un encuentro con quien quedará al frente de la firma, al menos por los próximos 60 días.

Uno de los integrantes de la comisión, Fabián Palo Oliver, dijo que ahora tendrán que ponerse a ver con los asesores cómo continuará la cuestión judicial «porque el concurso está vigente y hay 2.600 acreedores que están certificando» sus deudas.

«El más importante es el Banco Nación de la República Argentina. Mi duda tiene que ver con el concurso. La intervención por 60 días está clara, porque tienen todas las atribuciones y las mismas facultades que establece el estatuto de la empresa. Pero entiendo que la intervención es solamente sobre la actividad aceitera porque Vicentín es un grupo de empresas que tiene diversificada la actividad y la que solicitó el préstamo al Banco Nación fue la aceitera. Ese préstamo fue de 300 millones de dólares, de los cuales actualmente deben 290 millones porque desde el año pasado que entraron en cesación de pagos. Pero las otras empresas del grupo, entiendo, no estarían afectadas», dijo el legislador.

En la conferencia de prensa el Presidente dijo que esta medida se tomó para garantizar la continuidad laboral de los trabajadores y de la empresa. Sin embargo, además de la empresa aceitera, el mandatario también mencionó a los trabajadores de las otras actividades como la frigorífica, la vitivinicultura y la algodonera, entre otras. «Si el Estado avanza en una expropiación sobre las empresas que no tienen déficit, yo veo atrás de esto un gran juicio por parte de Vicentín y de sus socios. En esto parece que uno está tomando partido por las empresas, pero sinceramente si la expropiación es a todo el grupo Vicentín no veo que no haya una presentación judicial», sostuvo.

En ese sentido, Palo Oliver explicó que la empresa concursada es una sola, la vinculada a la actividad aceitera. «Ellos siempre plantearon que al concurso lo iban a resolver favorablemente y el juez en la causa, el doctor Fabián Lorenzini, dijo que entendía que se iba a poder garantizar la continuidad de las actividades para que puedan cobrar los acreedores. La estatización va a ser posible una vez que se termine el concurso», dijo.

«Otro tema que planteó el Presidente –continuó– es que «estamos hablando de una empresa que tiene problemas, no es una empresa floreciente». Pero, en realidad, de las nueve o diez empresas de Vicentín solo tres tuvieron balance negativo el año pasado y hasta el 2018 la totalidad de las empresas tuvieron balance positivo. Por eso también genera dudas la crisis de esta empresa. Pero no está en quiebra, está concursada».

«Acá está en juego la situación de 2.600 acreedores, salvo que el Estado pague esas acreencias cuando se produzca la estatización», señaló y agregó: «Pero para poder certificar esas acreencias es que se hace el concurso. Por lo menos van a tener que llegar hasta la etapa de la certificación de cuál es la deuda. Todavía es muy pronto para hacer una valoración».

El diputado radical sí hizo una valoración política sobre la situación. Al respecto sostuvo: «Estoy convencido de que las autoridades del Banco Nación durante el período anterior van a tener que rendir cuentas a la Justicia. Hay una figura jurídica dentro de la que se puede encuadrar que es la del incumplimiento de los deberes de funcionario público porque a Vicentín, de los 300 millones de dólares, los últimos 90 millones de dólares se los otorgaron de forma irregular».

«Vicentín ya figuraba con informe negativo del Banco Central de la República Argentina con categoría 4. No había ninguna posibilidad con la normativa vigente de que no solo el Banco Nación, si no ninguna entidad crediticia le otorgara a Vicentín un nuevo crédito. Sin embargo, con el informe negativo y en cesación de pagos las autoridades del Banco Nación le otorgaron 90 millones de dólares», cuestionó.

Por otro lado, Palo Oliver también remarcó que los empresarios que condujeron Vicentín en los últimos tiempos también van a tener que dar explicaciones en una causa que hay abierta en los tribunales de Comodoro Py. «Lo que hay que saber es qué se hizo con ese dinero, si se lo invirtió o se lo fugó como parte de la fuga de divisas que se dieron en los últimos cuatro años y sobre todo en el último año de gestión de Mauricio Macri. En eso prácticamente hay unanimidad en los miembros de la comisión que conformamos en la Cámara de Diputados. Después, la discusión en el Congreso (sobre la expropiación) dependerá también de qué proyecto envía el Presidente», afirmó.

En principio, la comisión de seguimiento de la Cámara de Diputados de la provincia va a funcionar hasta el final de este año. Sin embargo, la extensión de los plazos para la certificación de las acreencias y la intervención estatal de la firma pueden cambiar los planes.

De todas formas, la intención de la comisión es trabajar hasta conocer todos los detalles que se irán develando con el transcurrir del concurso. Por eso, en primer lugar, deberán esperar que finalice la etapa de acreditación de deuda de cada una de las empresas. Luego vendrá la de la búsqueda de acuerdos, donde los representantes de los acreedores tienen voz y voto de acuerdo al tamaño de la deuda que tiene, en este caso, Vicentín. Ahí, el Estado Nacional, a través del Banco Nación, debería ser uno de los principales actores. Aunque ahora, también estará del otro lado del mostrador, como interventor de la firma.

En las últimas décadas Vicentín tuvo un crecimiento exponencial a partir del boom sojero. Eso le permitió diversificar sus negocios, comprar empresas como Friar o el frigorífico Nelson y hacerlas crecer aumentando su producción, agregando valor y ampliando su dotación de empleados. Uno de los desafíos de la comisión –si no el principal– será conocer qué sucedió con el dinero, algo que puede ser difícil de saber si ingresó a alguna triangulación en paraísos fiscales como el de Panamá. En ese país el grupo tiene presencia desde 2004, según le consta a los integrantes de la comisión seguidora de Diputados.