El denominado “Caso Vicentín” disparó en el inconsciente colectivo la tan mentada “chavización” del gobierno nacional, abonada por la soberbia llegada a Reconquista y Avellaneda el pasado martes, de ocho personas en dos aviones particulares para hacerse cargo de la intervención de la firma, que avivó el fuego popular y, como bien expresara el Diputado radical Fabián Bastía, “si existieron actos de funcionarios que realizaron operaciones financieras indebidas, y/o si los directivos cometieron actos contrarios a derecho que se investigue en la justicia. No confundamos a la empresa con directivos. No hay que usar excusas”.
Bastía adhiere al comunicado de la UCR, convencido de que “la salida para el caso Vicentín es el funcionamiento normal de las instituciones”.
Su correligionario y jefe del bloque de Senadores Felipe Michlig, quien también adhirió al contundente documento de la UCR, inmediatamente salió a fustigar la intervención dispuesta por el Gobierno señalando que “resulta un ataque al sistema republicano en tanto es una clara interferencia del Poder Ejecutivo en la órbita del Poder Judicial” haciendo hincapié en que “tal medida implica un avasallamiento del régimen federal, atento a que el gobierno nacional está adoptando medidas que le competen a un juzgado ordinario de la justicia provincial”.
Antes, la Diputada Somos Vida Amalia Granata había hecho notar que no existe justificativo para la intervención porque “la ley de Concursos y Quiebras ya prevé un mecanismo para ello, pues se encuentra trabajando una Sindicatura plural, a cargo de tres contadores públicos, y un comité de control de actuaciones, formado por los cuatro (4) principales acreedores de la firma (entre los que ya está el Banco de la Nación Argentina) y por tres (3) acreedores laborales, que representan al resto de los trabajadores”.
Su compañera de bancada Betina Florito, quien forma parte de la Comisión de Información y Seguimiento de Vicentín consideró «una exageración» (del Gobierno Nacional) la urgencia por resolver la crisis de la empresa «cuando hay un juez que interviene en la investigación». «Si esto prospera, cada argentino, con sus impuestos tendremos que hacernos cargo de una deuda millonaria de una empresa privada», fustigó.
A su turno, las Bolsas de Comercio entre las que se encuentra la de Santa Fe abogaron “por la utilización de las herramientas jurídicas para encontrar una salida a la situación de default de la empresa, manteniendo incólume el Estado de Derecho y respetando los usos y costumbres del mercado de granos”.
En un tono contundente, la Federación de Centros Comerciales –FECECO –
Manifestó su “enérgico rechazo” a lo que consideran “una violación de la propiedad privada por parte del Estado, derecho consagrado en el Art. 17 de la Constitución Nacional; a la vez que reclama el “avance de los sumarios administrativos e investigaciones judiciales que establezcan las responsabilidades de empresarios, funcionarios, ó cualquier persona que pudieron haber cometidos ilícitos, administración fraudulenta, complicidad, connivencia arrastrando al grupo empresario a su actual situación económica-financiera”.
Los ruralistas confederados de CARSFE consideran que la intervención y expropiación de Vicentin es un «atropello institucional» y que «se está llevando por delante al poder legislativo y a la justicia».
«La propiedad privada es un bien sagrado para nuestra Constitución Nacional, por lo que lo de Vicentín es un golpe muy fuerte para toda la cadena productiva», agregaron.
El ex Ministro de la Producción de Santa Fe Luis Contigiani señaló que “nadie puede estar en contra de una intervención del Estado para salvar una empresa para conservar puestos de trabajo y evitar su extranjerización siempre y cuando sea una intervención legal, virtuosa y donde no le quede al estado la peor parte de la torta (dilapidación de recursos públicos), mientras los empresarios salvan sus ineficacias, desaciertos o irregularidades”, a la vez que elaboró‬ ‬‬‬un proyecto de creación de la Corporación Agroindustrial Exportadora Santafesina bajo un modelo de participación público-privada con YPF Agro SA, cooperativismo exportador, Gobierno de Santa Fe y los trabajadores.