El gobierno de Omar Perotti termina el año con un sabor amargo: no consiguió que Diputados le votara el presupuesto 2022, quedando en “stand by” hasta febrero; mientras los senadores justicialistas no pudieron detener con los dos tercios, una modificación realizada por diputados radicales y socialistas en el texto original de la Ley Tributaria que sí fue transformada en ley.

Presupuesto.

Debido a que el Poder Ejecutivo (Walter Agosto) no respondió el amplio petitorio que le dejaron los diputados radicales y socialistas, cuando el funcionario estuvo hace una semana atrás en el recinto, precisamente la oposición optó por “cajonear” el presupuesto 2022 hasta el mes de febrero, cuando se reanuden las sesiones extraordinarias, siempre y cuando se reanude el diálogo político con el Poder Ejecutivo, según advirtieron y se esperanzaron los distintos oradores de la oposición radical – socialista.
Entre lo solicitado al Ministro Agosto – que según la oposición nunca respondió – se destacan las deudas en concepto de Obras Menores, como tampoco las precisiones solicitadas acerca de las transferencias para gastos corrientes del año 2021.
La oposición criticó asimismo que no recibieron información sobre las transferencias de los proyectos ya tramitados del Plan Incluir, al que además le agregaron un presupuesto para el 2022 de 6.000 millones de pesos.
También consideraron que el Poder Ejecutivo debería elaborar un programa que compense a las Ciudades de Santa Fe y Gran Santa Fe, Rosario y Gran Rosario, por la disminución en términos reales del fondo de conurbano, considerando razonable asignar a dichos gobiernos locales un monto de $ 3.000 millones anuales a partir de 2022 ajustables por inflación.
Otra cuestión reclamada es el destino que darán los Municipios y Comunas de la Provincia a los fondos que reciban por los pagos que el Estado Nacional efectúe a la provincia por los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 24 de noviembre de 2015 y 7 de diciembre de 2021.

Ley tributaria.

La ley tributaria recorrió el constitucional camino de idas y vueltas de una Cámara a la otra para finalmente ser transformada en Ley, con una modificación que cambió la distribución de la recaudación del impuesto inmobiliario, quedando en 60% para los municipios y comunas y 40% para el Estado.
Hasta ahora el reparto era equitativo en 50% y 50%, pero los diputados – y senadores – de la oposición consideraron que se debía compensar a los municipios y comunas con una mayor distribución del impuesto inmobiliario, debido a que la patente automotor (de la cual los municipios y comunas reciben el 90%) no fue actualizada siguiendo la inflación.
Precisamente esa modificación realizada por la oposición en la Cámara de Diputados – rechazada por el bloque justicialista con excepción de Oscar Martínez – también fue rechazada por los senadores del peronismo, quienes finalmente no consiguieron los dos tercios para insistir con su postura original, por lo cual quedó convertido en ley el proyecto con la modificación realizada por los Diputados.