Setenta y dos horas antes de que se conociera la renuncia del Ministro de Economía de la Nación Martín Guzmán, el Gobernador de Santa Fe Omar Perotti acordaba con el propio ministro, 48 horas después dimitente, el pago en bonos en pesos ajustados por CER a diez años la deuda, tasada en 151.800 millones de pesos, por coparticipación ilegalmente detraída desde el año 2003. Hoy, con el diario del sábado, muchos se preguntan si no se estaría corriendo riesgos: “el 60-70% de valor real de esos títulos públicos (admitido por el Ministro Walter Agosto ante la prensa el viernes) ya consignaban implícitamente la renuncia de Guzmán”, razonó un experto en economía.
Por su parte, el Director Financiero del Banco digital Voii Diego Redondo, admitía desde Capital Federal ante nuestra consulta (previa a la renuncia de Guzmán) que “esos títulos públicos que a modo de pagaré de reconocimiento de deuda aceptó la Provincia, correrán la misma suerte (riesgo de perfilamiento, por ejemplo y por eso valen el 60-70%) que los bonos en pesos que tienen los bancos y fondos de inversión, que ya son el 170% de la base monetaria del país”. De todos modos, Redondo hizo notar que “haber recibido bonos ajustables por CER fue un acto prolijo”.
“La Provincia hizo buen negocio”, aseguran desde el gobierno.
El Ministro de Economía Walter Agosto junto con el Gobernador Perotti se empeñaban en asegurar que “no hay urgencia en salir a vender esos bonos, lo que queremos es cobrar el flujo”(cobrar capital e intereses en cada vencimiento de cada bono). De todos modos, el Gobernador dijo que se los podría utilizar “para presentarlos como garantía para obtener financiamientos”, o “licitar obras públicas y que haya interesados en cobrar con esos bonos”. Durante la actual gestión, estarían venciendo unos 45 mil millones de pesos en títulos públicos. El resto llegan hasta el 2031 con vencimientos escalonados.
Así y todo, el Primer Mandatario señaló que “esta misma semana” (veremos ahora con el terremoto nacional) podrían estar convocando a intendentes municipales y jefes comunales para explicarles de qué manera se coparticiparán esos instrumentos financieros (que por ley, solo pueden ser utilizados para gastos de capital, financiamiento obtenido para ese fin, y obra pública por parte del Poder Ejecutivo y los MMyCC). “Van a percibirlos en las mismas condiciones que la Provincia, los títulos y el flujo de fondos”, anunció el Ministro Agosto.
El Gobernador Perotti, para bajar un poco la espuma de las expectativas sobre la suma a cobrar dio un claro ejemplo: “nosotros vamos a cobrar 151 mil millones de pesos, y la masa salarial anual de la Provincia (incluidas las jubilaciones) es superior a los 415 mil millones de pesos”.
Después vienen las escaramuzas políticas. La oposición acuñó una frase ingeniosa: “fuimos a cobrar y terminamos pagando”, haciendo alusión a que se cobrarán en diez años unos 15 mil millones de pesos por año – en bonos – de la deuda de 151.800 millones de pesos; mientras que por la detracción del 1.9% de la coparticipación para financiar el fondo de autarquía de la AFIP (acuerdo suscripto por el Gobernador el mismo día del pago de la deuda, y que aseguró enviará a la legislatura para su tratamiento) se estarán drenando unos 8 mil millones de pesos por año.
Pablo Olivares, ex secretario de finanzas de Miguel Lifschitz y asesor técnico del bloque de senadores radicales, dedujo que si la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiese calculado la deuda (del 2003 a la fecha) actualizada por inflación, en lugar de tasa pasiva del BCRA, el monto a cobrar hubiese sido superior a los 560 mil millones de pesos, en lugar de los 151 mil millones actuales.
Una Corte “salomónica” (para el lado de la Nación).
La CSJN actuó de manera “políticamente salomónica” desde el fallo del 24 de noviembre del 2015 a la fecha, aunque queda flotando en el aire la sensación de que terminó beneficiando a la Nación (Macri y Fernández) en desmedro de la Provincia de Santa Fe.
Veamos: el 24 de noviembre del 2015, dos semanas antes de que asuman Mauricio Macri y Miguel Lifschitz, le ordena a la Nación (Macri) que le pague a la Provincia de Santa Fe (Lifschitz) la deuda detraída ilegalmente, y les da un plazo de cuatro meses para que acuerden la manera de hacerlo.
Paralelamente le ordena a la Nación (Macri) que deje de descontarle a Santa Fe (Lifschitz) el 15% para Ansés (con lo cual Miguel Lifschitz se hizo de un buen flujo de dinero mensual).
Pero como las partes no llegaban a un acuerdo en la manera de actualizar la deuda, le pidieron nuevamente a la CSJN que fijara la manera, hecho que ocurrió hacia fines del 2019 utilizando la tasa pasiva del BCRA.
Para ese entonces, Mauricio Macri y Miguel Lifschiz terminaban su mandato. Llegaban Alberto Fernández y Omar Perotti, y entonces la Nación (Fernández) se benefició con ese cálculo ordenado por la CSJN (tasa pasiva del BCRA).
Cabe señalar que la Corte falló en cómo se debía calcular la deuda, no de qué manera pagarla. Así fue como Perotti y Fernández acordaron hacerlo con los bonos en pesos ajustados por CER.
¿Podía haberse negado la Provincia a esa propuesta nacional, toda vez que la oposición dice que al Gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof siempre le liquidan las acreencias en dinero contante y sonante?. Si; pero hubiera tenido que recurrir a la CSJN una vez más para que determine. Y hoy no se estaría en esta instancia.
Como parangonara un analista político aficionado al fútbol (supo ser arquero): “la Corte hizo la del árbitro que compensa un penal en el primer tiempo para un equipo y uno en el segundo tiempo para el otro”
Perotti lo hizo: aglutinó al arco (iris) opositor.
Todos – o casi todos – los partidos políticos que componen Juntos por el Cambio y el Frente Progresista Cívico y Social, posaron en el Aula Alberdi de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, al finalizar el jueves pasado el foro de debate con panel de expertos para tratar el tema de la deuda (programado una semana antes), en una foto panorámica que, con mucha suerte podría haberse llegado a dar sobre fines de año: el deseable “frentes de frentes”. Perotti los abroqueló, al menos para la foto, antes de tiempo.
Estaban allí desde Antonio Bonfatti, Enrique Estévez, Pablo Farías, Joaquín Blanco y Clara García (PS), pasando por Federico Angelini y Cristian Cunha (PRO), Gabriel Real (PDP), Pablo Javkin (CREO), Felipe Michlig, Maximiliano Pullaro, José Corral, Mario Barletta, Dionisio Scarpín y Julián Galdeano (UCR); Betina Florito (Encuentro Republicano Federal); Walter Ghione (U.N.O); representantes del Partido GEN (el intendente de Sunchales Gonzalo Toselli y la diputada Mónica Peralta), y la significativa ausencia de la Coalición Cívica.