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Jose Bordon, el periodista del Diario La Nación, que sigue investigando que sucedió con Maxi Sosa

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Jose, es oriundo de Ceres, y es uno de los periodistas más destacados en la provincia, y en el pais. Escribe cronicas periodisticas en El Litoral y Diario La Nación, uno de los diarios más importantes del pais.

Este mediodía, Jose Bordón habló en Máxima FM sobre su nuevo articulo periodistico, basado exclusivamente en una entrevista personal con la mamá de Maxi, Daniela Sosa. «Ella sigue desconfiando de su madre, con la cual no habla hace muchos años. Para Daniela, Patricia Sayago sabe algo más sobre lo que sucedió aquella calurosa siesta del 21 de diciembre de 2015» destacó José, quien además adelantó que la entrevista con Daniela fue grabada para ser emitida en el canal de noticias la Nación +.

EL ARTICULO PERIODISTICO de JOSE BORDON PARA LA NACIÓN

De aquella tarde del 21 de diciembre de 2015, Daniela Sosa tiene grabado el momento en que un policía de la comisaría de Ceres golpeó la puerta de la habitación del hospital donde estaba internado su hijo Joaquín, recién nacido y prematuro, para confirmar lo que algunas enfermeras le habían dicho al pasar como versiones que circulaban por la ciudad: su otro hijo, Maximiliano Sosa, de tres años, había desaparecido. Antes, su madre y su pareja, aunque con un relato plagado de evasivas, apenas le habían dicho que algo había ocurrido.

Daniela, que en ese momento tenía 20 años y ahora cumplió 29, no podía aclarar sus pensamientos. Maxi había quedado en su casa del barrio Juan Pablo Segundo al cuidado de su madre. Ella misma lo había sugerido teniendo en cuenta que unos días antes había dado a luz y ese segundo hijo seguía en el hospital.

“¿Cómo fue que desapareció?”, “¿Cómo que no lo encuentran?”, “¿Revisaron bien las casas de la cuadra y el baldío de al lado?”. Todas esas preguntas que le surgieron a Daniela nunca tuvieron respuestas. En realidad y aunque resulte incomprensible, nueve años después las mismas preguntas siguen sin tener respuesta.

Maximiliano tenía apenas tres años cuando en la calurosa siesta de aquel día cercano a la Nochebuena de 2015 desapareció. Lo último que se supo de él fue el aviso que le dio a su abuela materna, Patricia Sayago, en aquel momento de 41 años. “Abu, voy a jugar con los amiguitos de acá al lado”, dijo Maxi. Fue lo último que se le escuchó decir.

Ningún vecino lo vio, ni lo recibió en su casa, a la vera de la ruta nacional 34, al costado del Paseo de la Vida, cerca del asentamiento actual del destacamento de Gendarmería. Las horas siguientes comenzarían a describir el calvario de una familia y de toda una ciudad, que aún continúa y, lamentablemente, sin novedades.

Pasaron nueve años. Cuando hace unos días LA NACION conversó con Daniela en su casa (“la blanca y verde”, como la identifica), ella dejó en claro que no tiene una “prueba contundente” de lo sucedido con Maxi. Sigue creyendo que su madre (que estuvo detenida) tiene algo o mucho que ver con la desaparición del niño y pidió en forma enfática la reapertura de la causa.

“Hay agujeros en la investigación. Claro que me hubiese gustado insistir en que sigan investigando. Pero para eso hace falta dinero y hoy, lamentablemente, no tengo los medios (económicos) para seguir”, dijo, aunque sin poder dar precisiones. Daniela cree que es momento de volver sobre el tema, ya que se trata de un caso muy parecido al que se vive en Corrientes tras la desaparición de Loan Peña.

–¿Cree que la búsqueda de Loan puede ayudar a que encuentren a Maxi?

–Claro que sí. Son casos muy parecidos. Sucede que en el caso de Loan se supieron muchas cosas que no ocurrieron en el caso de Maxi. Me gustaría que acá los investigadores hagan lo mismo.

“Cuando ustedes (LA NACION) divulgaron los casos de los chicos desaparecidos en el país, entre ellos Maxi, pensé que habría una reacción de la Justicia. Pero no fue así. Créame, nadie me llamó. Es como si todo sigue pasando sin que nadie se preocupara por nosotros, que seguimos esperando un dato sobre el paradero de Maxi. Sabemos que pasó mucho tiempo, pero en algún lugar debe estar. Con todo esto que se generó, los hermanitos de Maxi (Joaquín tiene 8 y Delfina tiene 4) siguen preguntando por él. Lo peor es que no sé qué decirles porque nadie siguió investigando”, reflexionó la mujer en un último contacto telefónico. Pero el diálogo siguió:

–¿Qué es lo que cree que la justicia debió hacer para encontrar a Maxi y nunca hizo?

–Estoy convencida que se debió hacer algo más. Yo no soy quien para decirlo, pero la búsqueda terminó muy pronto, apenas unas pocas semanas después del día que Maxi no volvió a su casa.

Daniela explicó el comienzo de la historia más amarga de su vida. “Mi hijo Juaquín nació prematuro el 15 (de diciembre de 2015). El 16 me dieron el alta y el 17 volví a mi casa, donde Maxi estaba al cuidado de mi mamá. Sinceramente, vine a buscarlo para que fuera al hospital a conocer a su hermanito. Le hablé para que tuviese ganas. Pasamos toda la tarde con él. Conversando, mi madre me recomendó dejarlo a su cargo una semana hasta que yo me acomodara con el otro nene, recién nacido y prematuro. Le dije que sí. Era mi madre la que me lo pedía pero nunca me imaginé que iba a pasar esto”, agregó.

Las investigaciones se concentraron alrededor de Patricia Daniela Sayago, la abuela, y de su pareja, Ariel Reinaldo Malagueño. Un año después la Justicia les imputó el delito sustracción del menor sin el consentimiento de su madre, retención y ocultamiento para luego desplazarlo a un destino desconocido, según la conclusión a la que llegó, en su momento, la fiscal de San Cristóbal, cabecera del departamento que integra Ceres, Hemilce Fissore.

Fue la fiscal quien pidió el pase de la causa al fuero federal ante la presunción de un hecho de trata de persona. La Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio la razón y ordenó que la Justicia Federal, con asiento en Rafaela, investigara la desaparición de Maximiliano. La investigación en ese fuero también imputó a una tercera persona, Pablo Américo Pinedo, supuesto cómplice en la concreción del delito, pero la Cámara Federal de Rosario le dictó falta de mérito y quedó desligado del caso.

A fines de julio de 2016, luego de 11 allanamientos en diferentes localidades del norte de Santa Fe y en Santiago del Estero, desarrollados por efectivos de las Tropas de Operaciones Especiales de la División Trata de Personas, de la Guardia Rural Los Pumas y otras dependencias, fueron detenidos la abuela de Maxi Sosa y Malagueño, su pareja, este último en momentos en que conducía la ambulancia de la Comuna de Montefiore, que trasladaba un paciente a Santa Fe. A pesar de las especulaciones que se hicieron, no se obtuvieron rastros del niño. Pero antes también había sido detenido Pablo Américo Pinedo, alias “Pantera”, un personaje que se dijo entonces que había actuado en complicidad con Peralta y Malagueño.

–Su mamá finalmente quedó en libertad. ¿Le cree a su mamá cuando dice que ella no tuvo nada que ver con la desaparición de Maxi? ¿Habla con ella?

–Estuvo más de cuatro años en prisión y la dejaron en libertad por falta de mérito. Pero desde que fue detenida no he vuelto a hablar con ella porque sinceramente no le creo. Para mi, estuvo involucrada. Pero al no haber pruebas suficientes para que continuara detenida debió ser liberada. No sé dónde está y no volví a hablar con ella. Tampoco sé si está en Ceres.

–Si no fue su mamá ni su pareja, ¿quién se llevó a Maxi?

–Muchas veces me puse a pensar qué pasó que Maxi ya no está entre nosotros, pero no tengo en claro varias cosas. No sé qué pudo haber de cierto. Hablaron de un grupo de gitanos que andaba en la zona en aquellos años, también decían que lo habían visto en un subte en Buenos Aires y en una terminal de ómnibus del norte del país. Solo fueron versiones, nada concreto.

Continuando con la línea de tiempo de la causa, en octubre de 2018 el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de un millón de pesos a quien aportara datos que permitieran avanzar en la investigación. Se especulaba que por ese monto algún vecino que había visto algo iba a presentarse a testimoniar y reclamar la recompensa. Sin embargo, nadie lo hizo y las escasas expectativas de los investigadores terminaron esfumándose nuevamente.

Un año después, al cabo de tres jornadas y el testimonio de 50 testigos, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, integrado por los jueces Luciano Lauría, María Ivón Vella y José María Escobar Cello, determinó que no había pruebas suficientes para condenar a Sayago y a Malagueño por el delito de “sustracción de persona menor de 10 años” y ambos quedaron en libertad. Así, la desaparición de Maxi sigue sin resolverse, sin una pista a seguir, sin ningún llamado que oriente la pesquisa. Nada, simplemente nada, se sabe de Maxi Sosa.