El funcionamiento de los Registros del Automotor, tantas veces cuestionado por sus costos y manejos discrecionales, se instaló rápidamente en la agenda del nuevo Congreso. Diputados de diferentes bloques presentaron en los últimos días proyectos que buscan generar una reforma amplia del sistema. Pese a las diferencias, todos coinciden que que el trámite debe ser digital, más transparente y más barato.
“Vengo a proponer que se modifique la ley madre del sistema, a los efectos de modernizarlo y ajustarlo a las necesidades que imperan en la sociedad moderna donde internet y los teléfonos inteligentes son el canal de casi todos los trámites y gestiones públicas y privadas”, dice uno de los proyectos presentados por el diputado Oscar Agost Carreño, del bloque Cambio Federal. Esa iniciativa también propone que las multas vayan al DNI y no al dominio del vehículo, para simplificar la transferencia, y agilizar la confección de las fotomultas.
Concretamente, Agost Carreño, un especialista en el tema, plantea reducir a la mitad el plazo de prescripción de las infracciones que llegan por fotomultas o radares. “Si bien existe tecnología que permite detectar infracciones en la vía pública, la misma no puede ser usada con fines recaudatorios, sino que debe usarse con fines preventivos y de concientización. Por ello, creo que la ley debe desincentivar la generación de multas sin disponer de agentes que detengan al infractor, se lo identifique debidamente, se le explique claramente que ha cometido determinada falta y como lo hizo, y se le notifique que por ello es multado”, dice la propuesta.
Otra de las iniciativas lleva la firma de la diputada Patricia Vásquez, cercana a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Ese proyecto plantea directamente una eliminación de los registros automotor y reemplazarlos por un registro único digital, simple y con patente única de por vida. “Es hora de que el ajuste, lo pague la política. Esto no es todo, también contemplamos la eliminación del grabado de autopartes y cristales y verificación policial. Y la simplificación del control técnico del auto. La VTV la van a poder hacer en cualquier taller habilitado. A los autos con menos de 60 mil kilómetros, alcanzará con el service oficial realizado”, adelantó la diputada.
En este momento se pagan $12.400 por el grabado de autopartes y $9.200 de la Verificación Técnica Vehicular.
El tercer proyecto presentado lleva la firma del diputado radical Martín Tetaz. Esa iniciativa apunta a la digitalización del trámite de transferencia mediante la creación de una plataforma digital en el ámbito de la Dirección Nacional del Registro Automotor, denominada RENDA, para que el Estado certifique y registre cada transferencia. “Esta plataforma permitirá a los usuarios elegir de qué manera se haga la transferencia o cualquier otro tramite relacionado, ya sea online o en los Registros existentes en la actualidad, a su sola voluntad”, explica la iniciativa.
Tetaz también plantea que la transferencia no debe estar atada al valor del vehículo. “A la dificultad económica que enfrenta la sociedad argentina para acceder a vehículos nuevos o usados queremos simplificar su existencia haciendo este trámite sencillo y sin costo. El contexto económico inflacionario actual de la Argentina generó un escenario poco propicio para las transacciones de este tipo, por lo que haciendo el trámite sencillo y sin costo y sin burocracia alguna va a ayudar a movilizar más a la economía”, dice entre los fundamentos. En total, estos trámites tienen un costo aproximado al 6% del valor del auto.
Todas las propuestas serán presentadas esta tarde, durante un acto que se llevará en el quinto piso del anexo del Congreso, con la moderación del periodista Matías Antico.
Actualmente funcionan 1.557 registros de la propiedad automotor para un mercado que mensualmente realiza unas 180 mil transferencias o inscripciones entre automóviles, motocicletas y transporte pesado, incluyendo maquinaria agrícola. Es una fortuna de dinero con escasos controles.
“El problema no está solo en la faz legal. Si cerramos todos los registros, hay que pensar en los encargados y los juicios millonarios que recibiría el Estado. Hay que poner el foco en los entes cooperadores, en los impuestos que cobra el Registro y en el sistema de multas. De cada 10 pesos que se paga actualmente para un trámite, 7 u 8 son impuestos”, explicó un experto consultado por Infobae.
El manejo discrecional de los registros del automotor volvió a quedar expuesto en el recambio de gobierno. En los últimos dos meses, en pleno proceso electoral, la entonces directora nacional de los Registros Nacionales de Propiedad Automotor, María Eugenia Doro Urquiza, una funcionaria cerca a la vicepresidenta Cristina Kirchner, designó a más de 40 encargados de todo el país
En el último año se realizaron decenas de concursos que venían retrasados desde la pandemia. Eso generó una avalancha de nombramientos en el último tramo de la gestión.
Con información de Infobae
