El Estado llega tarde a la violencia machista que se filtra en cada provincia de nuestro país. Las cifras alarman cada vez más pero las políticas públicas reales no alcanzan. Las Mujeres de la Matria Latinoamericana -MuMaLá- se convierten en actores claves frente a la visibilización de la cantidad de femicidios que se dan en Argentina. En su último informe, relevaron que en el país hubo 178 femicidios entre enero y agosto de 2019.

Uno de los datos que más preocupa es que en el 17% de los casos, las víctimas ya habían radicado la denuncia en contra del femicida. En el caso de nuestra provincia, fueron 15 los femicidios que se dieron en el tiempo analizado (5 de ellos concentrados en el mes de agosto).

¿Y las estadísticas nacionales?
La falta de un registro único a nivel nacional de violencia machista se traduce en obstáculos para dar freno a las situaciones de violencia. “Esto es una dificultad para poder dimensionar la violencia y que eso sirva como base para generar políticas públicas. Estamos en una situación de emergencia y lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo”, explica Boto.
¿Cómo se llevan a cabo las estadísticas de Mumalá? “Nosotras lo que hacemos es relevar datos y casos que salen en los medios de comunicación. Les hacemos un seguimiento, más aún si hay procesos judiciales en marcha. Por ejemplo, además de los 178 femicidios relevados hay también 29 casos en los que aún estamos esperando pericias y que son potenciales femicidios. Intentamos que sea una información certera a partir de la observación de los procesos en los cuales la Justicia tiene que investigar “, agrega Sofía Botto.

Las denuncias previas
La referente de MuMaLá Santa Fe determina que en los casos de femicidios siempre se “releva si las mujeres habían hecho denuncias previas. Ese dato decreció un poco: antes hablábamos de un 22% y ahora solo 17% habían hecho denuncias. Pero esas denuncias lamentablemente no terminaron garantizando sus vidas. Lo que sabemos con certeza es que hay una tendencia de crecimiento y que hay muchas mujeres que cuentan con medidas de restricción y aún así terminan asesinadas”.

La mayor cantidad de denuncias se traduce en que la difusión de la temática es posiblemente mayor y las alternativas para dejarlo asentado. Sofía Botto sostiene que “hay una falencia importante por parte del Estado que tiene que ver por un lado con la coordinación de distintos niveles y con la espera de los tiempos burocráticos para la protección efectiva. Pero también con la falta de sanción a los agresores, quienes muchas veces violan las medidas de restricción“.

Huérfanos/as de la violencia machista
A mediados del año pasado se sancionó la “ley Brisa”, una iniciativa que otorga una reparación económica para hijos/as de víctimas de femicidios. “La idea de hacer el registro y de ser tan minuciosas con los datos tiene que ver con críticas como la aplicación efectiva de la Ley Brisa. En la provincia de Santa Fe tenemos serias dificultades aún: todavía hay que hacer una puja muy grande para puedan acceder a este beneficio. Son situaciones familiares bastante complejas porque en mucho de los casos sus propios padres mataron a sus madres”, argumenta Botto.

Sobre las pulseras electrónicas
Desde MuMaLá Santa Fe explican que lo interesante sería cambiar el paradigma y que el monitoreo sea sobre los agresores. “Los botones de pánico son una de las herramientas que existen. Lo primero que se dictan son las ordenes de restricción y después se piden los botones. A pesar de su existencia y de que han sido útiles, hay que hacer un seguimiento de cómo funcionan y se aplican. En Santa Fe se ha avanzado en esto pero ponen en mano de las mujeres sus propia vida cuando el monitoreo debería ser sobre el agresor. Deberían tenerse en cuenta las situaciones de peligrosidad de acuerdo a los relatos de las mujeres para que el monitoreo sea exclusivamente sobre los agresores”, concluye.