Corresponde a impuestos un 31% de lo que los usuarios residenciales santafesinos pagan en las boletas de la EPE, mientras que la media nacional es de solo 25% existen provincias donde la carga impositiva no llega a los 20 puntos.
Además, en una comparación que cada mes realiza el Observatorio de Tarifas de la UBA y el Conicet, la EPE figura por sobre el promedio nacional en las tarifas finales de las tres categorías de hogares de ingresos altos (N1), bajos (N2) y medios (N3).
Esos dos aspectos: impuestos altos para los hogares en sus boletas de la luz y costos por sobre lo que paga la mayoría de los argentinos, son los datos salientes del trabajo mensual de marzo, del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires de la Universidad Nacional de Bueno Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Comparación de las tarifas
El Reporte de Tarifas ofrece información sobre cómo cada mes se abaratan o encarecen los costos de la canasta de servicios para los hogares, en especial en el Área Metropolitana de Buenos Aires pero también compara la evolución de las tarifas de las provincias y el Amba.
En esa temida tabla el costo promedio para las tarifas N1 a nivel nacional es de 58.160 pesos por mes y la EPE 66.348. Otras nueve compañías tienen valores más altos que la estatal santafesina. El Nivel 1 casi tiene pocos subsidios del Estado Nacional. El estudio estima que en todo el país esos usuarios de alto nivel adquisitivo pagan 100% del costo real de generar, transportar y distribuir la energía, sin ayudas del gobierno central.
Para los hogares N2, en el otro extremo de los bolsillos -el de los más flacos-, el promedio a nivel país da $ 33.411. Y en Santa Fe 45.847. Sólo Rio Negro, Mendoza y Tucumán, en ese orden, tienen tarifas más caras para los hogares más pobres que superan los 54 mil pesos por mes. El gobierno nacional paga subsidios a la energía mayorista para que esos valores sean bajos. Los subsidios nacionales cubren en marzo 71% de su consumo.
Finalmente, los N3, el sector medio de la segmentación de la demanda que sigue vigente desde que Sewrgio Massa fue ministro de Economía tiene una situación similar en la provincia del mapa de la bota. En promedio los hogares del Nivel 3 pagaron en marzo en todo el país $ 40.400, pero para los santafesinos esa suma fue de $ 50.915. Sólo Río Negro, Mendoza, Puerto Madryn y Tucumán tienen tarifas más altas, incluso superiores a los 68 mil pesos. El subsidio nacional (que ayuda a bajar el índice inflacionario) llega al 55% de la energía que gastan las familias de clase media que así figuran en el RASE, Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía.
CAP, la sigla de la polémica en 2018
Corría 2018 cuando una polémica de dos de los dirigentes políticos con más poder en la provincia de Santa Fe ocupaba buena parte de la atención pública. La pelea la había iniciado el entonces intendente Jose Corral(hoy diputado provincial) a la Empresa Provincial de la Energía, a la que le reclamaba bajar costos y tarifas en consonancia con el discurso de entonces del presidente Macri. Cuando a las respuestas ya no las dio la EPE, sino la Casa Gris y el propio Miguel Lifschitz (1955-2021) el tema tuvo aún más repercusión.
En aquellos años, los usuarios de la capital provincial comenzaron a observar cuánto constaba en sus facturas de la EPE la piedra de la discordia, la famosa CAP (Cuota de Alumbrado Público), que el radical (hasta hacía poco era el presidente del Comité Nacional) cuestionaba al gobernador socialista, que se comenzaba a perfilar como un presidenciable desde el interior.
Pero lo interesante de aquella momentánea discusión hizo que los santafesinos mirasen también otros ítems del rubro impuestos en su factura. Allí hoy figuran otras siglas. El FER, Fondo de Electrificación Rural con que se realizan obras en áreas poco rentables para llevar el servicio fuera de las áreas con más población y significa apenas 1,5% del total facturado a cada usuario; también, el aporte del 6% que se llevan las municipalidades y comunas por la utilización del espacio público, dispuesto por la Ley 7.797; la mencionada Cuota de Alumbrado Público que es mayor al valor anterior; un fondo para energías renovables que se actualiza año tras año (y nació en 2006 con un aporte de 20 centavos); y lo más relevante: el 21% que se aplica a cada consumidor final sobre el valor de la energía y de la CAP.
Hoy, quien pueda leer con paciencia el Reporte de Tarifas y Servicios de la UBA y el Conicet podrá advertir que, en proporción, la EPE cobra más impuestos a los segmentos de ingresos bajos (N2) y medios (N3) por la distribución de energía, con el 35 y 34% respectivamente, que a los N1 de niveles altos (31%). Pero nadie anima ese debate.
Con información de El Litoral
