El exintendente de la ciudad de Ceres, Camilo Enzo Busquets, fue condenado en los tribunales de San Cristóbal tras un juicio oral en el cual se lo juzgó por varios hechos de corrupción cometidos durante su gestión, comprendida entre los años 2003 y 2019.

El fallo fue dictado por un tribunal integrado por los jueces Cecilia Alamo, Nicolás Stegmayer y Javier Bottero. Los magistrados le impusieron a Busquets una pena de 2 años y 10 meses de prisión condicional al encontrarlo culpable de los delitos de fraude a la administración pública (tres hechos), malversación de caudales (un hecho) y abuso de autoridad (cuatro hechos). Además, la resolución dispuso la inhabilitación perpetua para ejercer cualquier cargo público.

Condena y absolución a excolaboradores

La sentencia también alcanzó al exsecretario de Hacienda del municipio, Lucas Sebastián Cañete, quien fue condenado a dos años y tres meses de prisión. Cañete fue hallado responsable de malversación de caudales públicos y considerado partícipe necesario de fraude a la administración pública. No obstante, resultó absuelto por el cargo relativo a la aceptación de una designación en la Municipalidad.

Por su parte, Betiana Soledad Godoy —quien también se desempeñó como secretaria de Hacienda y fue juzgada por presunta falsedad ideológica— fue absuelta por mayoría.

Las declaraciones de la querella

Tras la lectura del veredicto, realizada de manera virtual mediante la plataforma Zoom, el abogado querellante Ignacio Alfonso Garrone —quien actuó en conjunto con la letrada Clara Vázquez— valoró el resultado del juicio:

“Para mí es una condena histórica para el centro y norte de la provincia”, declaró Alfonso Garrone en diálogo con AIRE.

“Se condenó al intendente y a su secretario de hacienda por hechos contra la administración en perjuicio del pueblo”, acotó.

“Esto marca una pauta sobre las cuestiones que se tienen que investigar y que cuando una nueva gestión tiene una sospecha de una licitud tiene que denunciarlo. Por eso insisto, esto tiene que marcar una pauta sobre cómo se debe administrar un municipio”, concluyó.

Las irregularidades acreditadas en la causa

La investigación del caso estuvo a cargo del fiscal Guillermo Loyola y contempló diversas maniobras cometidas durante los mandatos de Busquets:

• Desviación de fondos públicos: Se acreditó la reorientación de un subsidio proveniente del Fondo Federal Solidario 2017 —destinado originalmente a infraestructura escolar y sanitaria— hacia otros fines, lo cual motivó intimaciones del Tribunal de Cuentas.

• Retención indebida de aportes: Entre 2013 y 2019 se omitió el depósito de los aportes retenidos de los haberes del personal municipal destinados a los gremios, generando un pasivo de gran magnitud al finalizar el mandato.

• Ocultamiento de deuda y nombramientos: La causa abarcó la ocultación de una deuda municipal con la Asociación Mutual Pyme Rural de Rafaela durante la transición de gobierno, junto con la designación en planta permanente de los funcionarios Cañete y Godoy.