En el medio de los gravísimos hechos de inseguridad que se repiten casi a diario en la provincia, las diligencias concretadas este viernes por los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, parecieron acelerar la salida de doce funcionarios del Ministerio de Seguridad que llegaron de la mano de Marcelo Sain. Los procedimientos judiciales debieron ser apurados debido a que los salientes estaban destruyendo la documentación. En tanto, el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, define por estas horas junto al gobernador Omar Perotti el equipo que lo acompañará en la gestión.

En la regional I del MPA se llevan adelante dos investigaciones que involucran a la gestión de Sain. La primera sobre el proceso de licitación de armamentos que debió ser paralizada y readecuado el pliego por parte del Ministerio de Economía de la provincia. El tema fue denunciado por el propio titular regional del MPA, Carlos Arietti, al momento de producirse la vuelta al Organismo de Investigación de Sain.

La otra causa y que parece tener ribetes escandalosos y hasta inéditos desde 1983 a la fecha es por  «acumular información de personas fuera de las previsiones legales» según dijo el fiscal Hernández en declaraciones periodísticas. En este caso, la causa se inicia por testimonios de funcionarios del Ministerio de Seguridad y del Organismo de Investigaciones que plantearon a sus superiores «dudas» sobre las tareas que se le encomendaban. «Fue la punta del ovillo para empezar a recopilar evidencias» se dijo a El Litoral de fuentes con acceso al expediente. Entre las carpetas de seguimiento de personas se encuentran empresarios, dirigentes políticos oficialistas y de la oposición, gremialistas y periodistas, se aseguró a este diario. «Era una empresa criminal constituida dentro del Estado» afirmó el ex ministro de Seguridad y hoy diputado provincial Maximiliano Pullaro.

El MPA informó oficialmente que «los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández (de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1) realizaron diligencias en el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, tanto en la sede de la capital provincial como en la de Rosario. Las tareas de los fiscales consistieron en solicitar documental de interés para investigaciones que están llevando a cabo referidas a procesos licitatorios y maniobras ilegales en la recopilación de información. En las diligencias llevadas a cabo hoy (por ayer), los fiscales contaron con la colaboración de personal del Organismo de Investigaciones del MPA. Por su parte, el titular de la cartera provincial brindó la colaboración debida con la medida judicial».

El Litoral pudo saber de fuentes inobjetables que funcionarios de alto nivel del Poder Ejecutivo fueron anoticiados la semana anterior de la marcha de la investigación e incluso varios de ellos se mostraron colaborativos. Uno de los integrantes del equipo de Perotti llevó la información al propio gobernador que durante el pasado fin de semana largo estuvo en su ciudad natal, Rafaela.

El cronograma de trabajo de Hernández y Jiménez no tenía previsto aún la búsqueda de evidencias en la cartera de Seguridad pero un llamado alertó a uno de ellos de que funcionarios allegados a Sain estaban destruyendo documentación. Así en pocos minutos se resolvió hacer la diligencia y para ello se valieron de funcionarios del OI de esta capital. El propio Lagna recibió a los fiscales y uno de sus secretarios fue guiando a los investigadores por las oficinas de la cartera. «Tenemos documentación y encontramos papeles destruidos» confió uno de los fiscales a El Litoral.

Una vez concluido el procedimiento, Lagna mantuvo una larga reunión con los fiscales mientras la documentación ya estaba guardada en el automóvil del OI que los llevó a Rosario. «Lagna hizo catarsis con los fiscales» describió una fuente inobjetable.

Con informacion de El Litoral