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Escuelas amenazadas: todos los detenidos en la provincia son alumnos

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Tras emitir la resolución ministerial respectiva, el gobierno provincial comenzó a instrumentar el cobro del resarcimiento por las pintadas amenazantes en las escuelas de la provincia.  Georgina Orciani, secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad, dijo que la medida apunta a «devolverle al Estado lo que el Estado erogó para poder cuidar a todos los santafesinos». «Y eso es así – amplió- porque estamos en presencia de un delito; no es un juego o una broma. Es una intimidación pública que intenta amedrentar y quebrar la paz social. Por lo tanto, el desafío de toda la policía de la provincia y del Ministerio de Justicia es cuidar a los santafesinos y esto tiene un costo; tiene una consecuencia económica. Y como sabemos, todos los argentinos reaccionamos y repensamos nuestro accionar cuando lo que nos duele es el bolsillo», expresó.

Según dijo, lo que se plantea es «el recupero de ese dinero, y que aquel irresponsable que comete un delito y que alerta a toda la sociedad y hace que el estado tenga que gastar recursos, los devuelva».

– ¿Cuesta identificar a los responsables de las amenazas?¿O los adolescentes terminan confesando el hecho?

– Son distintos escenarios; en algunos casos es el propio autor el que por distintos mecanismos, particularmente a través del habla, lo expresa. En otros, se requiere una actividad investigativa más profunda. Pero la verdad es que estamos ante un fenómeno que incluso excede las fronteras de la provincia, y que se viene reflejando en todo el país. Son nuevas formas de cometer un delito; antes, lo normal era el llamado de amenaza de bomba y se podía rastrear rápidamente de dónde provenía. Hoy la situación es más compleja porque también los mecanismos de intimidación son distintos. En algunos casos tenemos pintadas, en otros son correos electrónicos; en algunos son mensajes por debajo de una puerta… En todos esos escenarios, las tareas investigativas son divergentes.

– ¿De los hechos de amenazas registrados, la mayoría fueron esclarecidos o la ecuación es al revés?

– De las 158 intervenciones que tenemos contabilizadas desde el 16 al 21 de abril, hasta acá se logró detener a siete personas. Pero los esfuerzos también están en tratar de avanzar en el recupero del dinero invertido en los operativos, el resguardo del patrimonio del estado (los edificios escolares) pero sobre todo, desacelerar y desalentar los llamados que se vienen haciendo.

– ¿En todos los casos de responsables identificados eran alumnos de las escuelas?

– Sí sí. Concurren a las instituciones que intentan amedrentar.

– ¿Qué información tiene sobre las amenazas en la Universidad Católica que fueron vía e-mail?

– Por la proximidad en el tiempo (fueron este martes), el hecho está en plena tarea investigativa. Se está tratando de identificar el origen del correo electrónico

– Más allá del resarcimiento económico, ¿el alumno tiene algún tipo de sanción en el ámbito educativo?

– Ésa es una definición que debe adoptar el Ministerio de Educación de acuerdo a su normativa, pero recordemos que esto no es una cuestión meramente administrativa. Ese alumno si es un menor punible, termina con una causa penal y el registro en su legajo.

– Ahora, más allá de todas estas medidas, las amenazas se siguen multiplicando. ¿Qué lectura hacen de eso?

– Yo creo que esto es un fenómeno que atraviesa a todo el país y que el fervor de las redes sociales y la factibilidad de la viralización es un hecho. Por lo tanto, tenemos que seguir siendo muy consecuentes en el mensaje y tenemos que darle tiempo… El protocolo se anunció el viernes y se materializó este martes. Creo que cuando efectivamente llegue la primera notificación del cobro del resarcimiento, se va a ver el efecto. Igualmente, hay que seguir trabajando con el Ministerio de Educación en la necesidad de diálogo porque esto no se puede resolver solamente desde lo coercitivo o lo sancionatorio. Demanda un trabajo y un abordaje conjunto con las escuelas, familias y con todo el aparato gubernamental. El nivel de esclarecimiento es alto pero no se logra aún con este nivel de identificaciones desacelerar los llamados. Insisto, es un fenómeno que tiene que ver como retos de las redes sociales…

El Litoral