Decidida a picar en punta, la Cámara baja provincial habilitará a mediados de junio próximo el análisis de los seis proyectos de reforma de la Constitución de Santa Fe ya ingresados al cuerpo legislativo. El objetivo es consensuar antes de fin de año una iniciativa determinante, a votar en 2023 ó 2024.

“A partir del 15 de junio avanzaremos con el estudio de los proyectos de ley presentados ante la Cámara baja. La idea es realizar una rápida convocatoria al Ejecutivo y diferentes estamentos oficiales, como también a referentes de la sociedad civil y académicos, para definir una hoja de ruta y encarar el debate”, aseguró a La Capital el diputado provincial socialista Joaquín Blanco, nuevo presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales del cuerpo.

En danza
El Partido Socialista (PS) viene de presentar su proyecto de enmiendas a la Carta Magna santafesina, que se sumó a los oficializados poco antes por los diputados provinciales peronistas Lucila De Ponti y Luis Rubeo —por separado— y sus pares Rubén Giustiniani y Agustina Donnet (Igualdad y Participación), Gabriel Real (PDP) y Nicolás Mayoraz (Vida y Familia).

“Es un debate al que le fijaremos centralidad política y que deberá estar atravesado por temas excluyentes para los santafesinos, como la seguridad pública y la Justicia Penal provincial. Hablamos de una oportunidad histórica”, continuó Blanco.

Acerca de los pasos a seguir, el legislador enfatizó que “el objetivo es imprimirle mucha energía a un acuerdo amplio por la reforma constitucional que trascienda la coyuntura electoral del año próximo”. Y concluyó: “Tenemos la oportunidad de avanzar con el tema en 2022 y, en ese sentido, la Cámara baja se convertirá en el motor del debate”.

La proyección más optimista en Diputadas y Diputados refleja la chance de otorgarle luz verde en octubre a un proyecto que declare la necesidad de la reforma constitucional en territorio santafesino.

Para eso, habrá que contar con los dos tercios de los votos de la Cámara baja. Un cúmulo de voluntades que sólo garantizará la totalidad de los diputados que integran las bancadas que presentaron una iniciativa reformista en los últimos días. En tanto, el bloque UCR Evolución (once diputados) aguardará la resolución del partido respecto de los retoques a la Carta Magna.

El desafío
La Constitución santafesina no habilita la reelección del gobernador y, cada vez que un mandatario provincial trató de avanzar con enmiendas a la Carta Magna, chocó contra la negativa de la oposición de turno.

La última reforma de la Constitución provincial data de 1962 y, desde entonces, todo intento de modificarla concluyó en un fracaso. Como gobernador, Miguel Lifschitz fue por ese objetivo en 2018. Pero la iniciativa se ancló en la Cámara baja.

Por su parte, la administración de Omar Perotti coincide en que la Constitución de Santa Fe debe aggiornarse, aunque hasta el momento únicamente impulsa una batería de reformas políticas que incluye el voto joven, la autonomía municipal y la ampliación de mandatos en las comunas (de dos a cuatro años).

Si bien el socialismo aprovechó esa posición de la Casa Gris para erigirse como fogonero de la movida reformista, la consolidación de un acuerdo legislativo ofrecería a Perotti la chance de capitalizar una instancia esquiva para sus antecesores.

Desde un principio, para los socialistas, las modificaciones legislativas de temas consagrados por la Constitución que propicia la Gobernación abonaron las condiciones políticas para acordar enmiendas a la Carta Magna.

Interrogantes
De soplar viento a favor, el debate fino de la reforma constitucional recaerá sobre convencionales a elegir junto a los comicios generales de 2023 (a gobernador y demás cargos provinciales). Todo indica que habrá cita en las urnas desdoblada en suelo santafesino.

Pero antes de esa convocatoria resultará determinante el rol de los senadores provinciales. Por el momento, entre las bancas de la Cámara alta impera el escepticismo. De hecho, el cuerpo no alumbró proyecto reformista alguno.

Las dudas están acicateadas por el convencimiento de que no dan los tiempos para tratar la reforma constitucional antes del arranque de la cuenta regresiva electoral, a la par de un humor social que, según los senadores, está tallado por problemas económicos o de inseguridad.