El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria a partir de hoy y por un período hábil de 15 días en el conflicto que por reclamos paritarios de aumento salarial mantienen la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y las tres cámaras patronales, informó la cartera laboral.
La directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Gabriela Marcello, impuso desde las 14.30 del martes la Ley 14.786 de conciliación obligatoria en el conflicto paritario en la mayor organización gremial del país.
El titular de la Faecys, Armando Cavalieri, y los directivos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y de la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca) no alcanzaron hoy un acuerdo salarial en una audiencia mantenida en Trabajo.
La funcionaria laboral adoptó esa resolución luego del fracaso de las negociaciones y ante la posibilidad de que comenzaran medidas de fuerza.
Marcello consideró a los trabajadores mercantiles «personal esencial», según la determinación laboral 207 del 16 de marzo último, por lo que «la continuidad de sus actividades constituye una exigencia excepcional de la economía».
Cavalieri reclamó a las tres cámaras empresarias un pago extraordinario y no remunerativo de 35 mil pesos en 7 cuotas mensuales y consecutivas de 5 mil pesos cada una entre septiembre y marzo próximos, la incorporación a los básicos de convenio de los 4 mil pesos otorgados como bono adicional por decreto oficial y de otros 2 mil pesos por el acuerdo firmado el 27 de febrero último.
De esa forma, el salario básico de convenio pasaría de 35.790 a 50.687 pesos, con presentismo incluido, para el personal comprendido en el convenio 130/75.
Los mercantiles también habían planteado la necesidad de retomar el diálogo paritario en enero de 2021 para analizar «el proceso inflacionario y las variaciones económicas que pudiesen afectar los ingresos de los trabajadores».
Sin embargo, las cámaras señalaron en un comunicado conjunto su ausencia de predisposición a la firma de ese acuerdo ante «la crisis económica, agravada de forma severa por la pandemia de coronavirus», y reclamaron «prudencia».