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Elevan a juicio la causa que investiga la desaparición del pequeño ceresino Maxi Sosa

Todos los acusados están procesados por el delito de “trata de personas, en las modalidades de traslado y ofrecimiento, agravado por haber mediado abuso de la situación de vulnerabilidad de la víctima, por no poder esta valerse por sí misma, por la participación de tres o más personas, y por ser aquella menor de dieciocho años”.

A casi cinco años de la desaparición de Maxi Sosa en la ciudad de Ceresla causa que investiga el suceso fue elevada a juicio por el fiscal federal subrogante de Rafaela, Gustavo Onel. El caso tiene a dos personas imputadas que actualmente se encuentran con prisión preventiva. Se trata de Patricia Sayago (43 años, abuela del niño), Ariel Malagueño (39 años, pareja de Sayago).

Todos los acusados están procesados por el delito de “trata de personas, en las modalidades de traslado y ofrecimiento, agravado por haber mediado abuso de la situación de vulnerabilidad de la víctima, por no poder esta valerse por sí misma, por la participación de tres o más personas, y por ser aquella menor de dieciocho años”.

Sayago y Malagueño están vinculados a la causa desde su inicio, cuando el expediente se tramitaba en la Justicia provincial.

Gustavo Onel, el fiscal federal está que está a cargo de la investigación.

Gustavo Onel, el fiscal federal está que está a cargo de la investigación.

Dinero, trata y un nene que no aparece

Los acusados fueron procesados por el anterior juez federal de Rafaela, Miguel Abasolo, en septiembre de 2019. En el procesamiento, consideró que se encuentra acreditado que la desaparición de Maxi Sosa se dio entre los días 18 y 21 de diciembre del año 2015. Para el magistrado, Sayago y Malagueño lo trasladaron desde Ceres hasta un inmueble llamado “El Chalecito”, ubicado en Colonia Montefiore. La última vez que fue visto, el nene vestía una musculosa marca Adidas color gris, y un pantalón tipo bermudas de color negro con rayas gris.

Allí, según determinó la investigación, el menor fue retenido y ocultado por lo menos hasta el 26 de junio del 2016. Luego, creen los pesquisas, el niño fue entregado o “vendido” a una red de trata de personas cuyas identidades aún no pudieron ser establecidas.

El grueso de la investigación, que en su mayoría son declaraciones testimoniales, construyó la hipótesis de que a Maxi Sosa lo vendió su abuela con la colaboración tanto de Malagueño. Así lo evidenció por ejemplo una declaración que indicó que tras la desaparición del niño, Sayago le pidió a su hija –la madre de Maxi– la ropa, la cuna, un roperito y hasta el cochecito que usaba el pequeño.

Una reconstrucción digital, elaborada por informáticos del Ministerio de Seguridad de la Nación en 2018, estimó cómo habría lucido Maxi Sosa a los seis años de edad. Actualmente tendría ocho años.

Una reconstrucción digital, elaborada por informáticos del Ministerio de Seguridad de la Nación en 2018, estimó cómo habría lucido Maxi Sosa a los seis años de edad. Actualmente tendría ocho años.

En otro tramo del procesamiento, el juez valoró que tanto la abuela como su pareja tuvieron un crecimiento patrimonial notable en sus bienes tras la desaparición del niño. Es que cuando allanaron la vivienda del paraje “El Chalecito” los investigadores detectaron “artefactos electrónicos y tecnológicos” que antes no poseía la pareja.

Las huellas de Maxi Sosa: la pista que sigue la Justicia para encontrar al niño

En abril de este año, el fiscal Onel había solicitado al juez Reinaldo Rodríguez –actualmente a cargo del juzgado federal de Rafaela– que autorice una serie de pericias para determinar el posible paradero de Maximiliano Sosa. El pedido de Onel estaba orientado a determinar si el niño, cuya edad en la actualidad es de 8 años, pudo haber sido inscripto con otra identidad en algún Registro Civil o si quizás fue trasladado hacia otro país. No obstante, no descarta la posibilidad de que pueda haber fallecido.

Con esas hipótesis, Onel solicitó al magistrado que requiera del Registro de las Personas de la Provincia de Santa Fe una planilla inicial que sea la original del niño o cualquier documento donde consten las huellas dactilares del mismo.

El fiscal requirió que sean oficiados distintos Cuerpos Médicos Forenses de Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes y Chaco para que informen sobre cuerpos que pudieron haber sido examinados como NN y que puedan tener fisonomías similares a las que tiene Maxi Sosa. A su vez, que se extraigan las huellas dactilares que podrían haber tenido dichos cuerpos.

En enero del 2019, la Policía realizó excavaciones en el domicilio donde vivía el niño pero su resultado fue negativo.

En enero del 2019, la Policía realizó excavaciones en el domicilio donde vivía el niño pero su resultado fue negativo.

Onel sugirió al juez que una vez obtenidas tales huellas se lleve a cabo un cotejo de ellas con las bases de datos que posee la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional (situado en el edificio Centinela de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) mediante el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (Afis).

Cabe destacar que el sistema Afis permite, por un lado, a través de un medio informático, el escaneo, captura e ingreso de improntas dactilares al sistema y por otro la consulta y comparación automática con todos los registros previamente almacenados, utilizando como punto de partida una huella digital. Esa base de datos se encuentra diariamente conectada con el Registro Nacional de las Personas, con la Dirección Nacional de Migraciones, y con otros organismos públicos.

En el pedido, al que tuvo acceso Aire Digital, el representante del Ministerio Público Fiscal de Rafaela requirió que el Registro Nacional de las Personas informe la totalidad de los registros de las personas de Argentina para así determinar cuántas inscripciones tardías de varones de aproximadamente tres años de edad al año 2015, se llevaron a cabo a partir del 18 de diciembre -cuando se estima que Sosa desapareció- hasta la fecha.

Material periodistico de Aire de Santa Fe

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