(por German De Los Santos para Aire de Santa Fe).- La Justicia de Santa Fe parece tener su propio virus, que se alimenta de corrupción. En menos de un año cinco fiscales fueron imputados por causas que van desde cobro de sobornos a cohecho. Tres están detenidos. El último en caer fue Mauro Blanco, de Venado Tuerto, quien se sospecha que podría haberse enriquecido de manera ilícita tras la relación que habría tejido con dos narcos del sur de Santa Fe.
El caso empezó a develarse tras la investigación que realizó el fiscal federal de Venado Tuerto, Javier Arzubi Calvo, quien descubrió que Blanco aparecía en escuchas telefónicas cuando mantenía contactos con un dealer de esa ciudad llamado Javier Roldán, a quien visitó en la casa donde luego se encontraron drogas y armas.
Su nombre también aparece en una conversación que otro narco Nahuel Novelino, que está preso en la cárcel de Piñero, mantuvo con una mujer. Novelino preguntó, según la escucha: «A qué fiscal le dista plata?». La mujer respondió: «Blanco, Blanco, Blanco…».
Nadie en el MPA detectó que Blanco tenía relación con narcotraficantes. A los otros dos fiscales que están presos, como Gustavo Ponce Asahad y su exjefe Patricio Serjal, tampoco. Fue clave para la detención de los dos exfuncionarios la declaración del empresario arrepentido Leonardo Peiti. Estos tres funcionarios están imputados de delitos graves. Fue a través de investigaciones en el propio MPA que fueron imputados los fiscales de Reconquista Rodrigo González y de San Lorenzo Melisa Serena.
El deterioro por el que atraviesa el MPA da lugar a que todo se ponga bajo tela de juicio en el ámbito judicial, en un territorio barroso. El viernes los abogados defensores de Peiti presentaron una denuncia contra el juez de Rafaela Javier Bottero por supuesto prevaricato, una estrategia que los abogados que llevan adelante la defensa técnica de un imputado acostumbran interponer. Es un delito que consiste en dictar resoluciones en forma contraria a lo que establece la ley. La acusación es que el juez usó un hecho falso para justificar la decisión de dejarlo en prisión.
Los escándalos judiciales que tienen a fiscales como protagonistas desgastan la figura del fiscal general Jorge Baclini, un abogado de una sólida capacidad técnica que es difícil de empardar en la provincia, pero que atraviesa este tramo de la gestión con un nivel de presión que no había vivido antes.
Funcionarios del gabinete de Omar Perotti le advirtieron que esta sumatoria de hechos oscuros en los que están los fiscales involucrados puede terminar con un pedido de juicio político. En el medio está la pulseada por la permanencia de Marcelo Saín en el Organismo de Investigaciones, algo que despertó una lucha en las entrañas del MPA que hasta ahora nunca había supurado de la manera en que lo hizo ahora.
Lo que aparece en el fondo de todo es el deterioro institucional que enfrenta el MPA en momentos complejos, de una coyuntura social que está en llamas sin ver con claridad que las decisiones judiciales se definen bajo argumentos sólidos, como fue el caso de la prisión preventiva que dictó el juez Román Lanzón, que generó expresiones preocupantes en las puertas del Centro de Justicia Penal.
Los argumentos sólidos del fiscal Patricio Saldutti para imputar por homicidio simple a Diego C. no fueron escuchados. El joven de 25 años mató a dos ladrones que le sacaron 2000 dólares al embestirlos con su camioneta en el barrio de Fisherton.
No hay intermediarios entre la demanda social, por más irrazonable que sea, y la decisión judicial. El resultado es que más de 200 personas terminaron golpeando los blindex del Centro de Justicia Penal. Este sábado otra vez el reclamo social salió a las calles para exigir que Diego C., que estará preso por 60 días, quede en libertad. El fiscal Saldutti quedó en solitario tratando de explicar una medida que era técnicamente intachable como solicitar la prisión preventiva de Diego C. Ninguna autoridad superior salió a explicar porqué era correcta la imputación del joven que mató a dos ladrones.
A veces los funcionarios judiciales, que ganan sueldos más que abultados con respecto al resto de los mortales, algo que no se cuestiona, están obligados a dar la cara. No son personas con privilegios dentro de un contexto, como el de la Argentina en general, que está en ebullición y a punto de detonar.
