Toda reforma al Código Procesal Penal implica un debate de fondo, que la Cámara alta retomó casi desde el mismo momento en que llegó la habilitación de la Casa Gris, para tratar una media sanción de Diputados. Del tema se habló en la Junta de Seguridad y fue parte de los pedidos que formularon las asociaciones de víctimas. Seguramente, teniendo en cuenta esas voces, los jefes de todos los bloques de senadores acordaron un veloz tratamiento y unas reformas profundas al texto que ya había aprobado la otra Cámara en julio del año pasado.

Si Diputados completa la media sanción del Senado, los jueces deberán dictar la prisión preventiva cuando en «el hecho investigado se haya utilizado arma de fuego sin que sea necesaria la acreditación de aptitud de disparo del arma o su munición, o en caso de portación o tenencia ilegitima de armas de fuego».

Lisandro Enrico (UCR-General López) explicó las reformas a la norma con media sanción de Diputados y la devolución del texto a esa Cámara de un modo sencillo: dijo que de completar la norma tal como vino, no habría mayores cambios en los procedimientos penales.

El jefe de la bancada del radicalismo recordó que antes de la media sanción de ese proyecto en Diputados, el gobernador había enviado otro que no prosperó. En su lugar, «la otra Cámara sancionó otro, bastante más liviano», graficó Enrico. Explicó que el que hoy sancionaron por unanimidad los senadores se le parece.

«No me vengan con los fantasmas de la inconstitucionalidad, son las normas que nos piden los vecinos que sufren la inseguridad: hoy Rosario vive el nivel de desempleo más bajo en los últimos 25 años y la violencia no tiene límites», advirtió.

«Queremos marcar un límite. Quien usa armas de fuego sin el debido permiso va preso», es una política pública de seguridad. Y lo mismo para quienes han gozado de los beneficios de las excarcelaciones y recaen en el delito: una traba a la puerta giratoria.

Enrico reflexionó sobre la actual prioridad que tiene en el fuero penal preservar el proceso, cuidar las pruebas, «una testimonial parece valer más que la vida de la gente», comparó. Pidió más atención respecto de los efectos concretos que tienen en la calle las decisiones en los estrados.

Frases fuertes
«Este momento en Santa Fe no es para tibios; si algún fiscal o algún juez tiene miedo, que piense en hacer otra cosa», dijo Enrico que en los últimos meses fue amenazado de muerte en tres ocasiones: «la última vez a este celular, por un preso», expresó en su banca, con el dispositivo en su mano.

Las duras expresiones del radical fueron replicadas por otras igualmente dramáticas de los bloques del justicialismo. «Si el derecho no atiende la realidad del tiempo en que debe ser aplicado, no sirve», resumió Joaquín Gramajo (PJ-Nes-9 de Julio), y para que no queden dudas expresó: «en el Senado estamos muy lejos de las posiciones zaffaronianas». De inmediato, Alcides Calvo (PJ-Lealtad-Castellanos) que tiene una vocación natural por ser contemplativo con las demás opiniones o posiciones políticas, también se volcó a una afirmación similar: «Los santafesinos vivimos tiempos difíciles y hay que tomar decisiones difíciles, aunque nos parezcan escabrosas», disparó. Advirtió que lo que vive Rosario «puede mutar a otras localidades» y felicitó a sus pares por el pronto acuerdo para «votar a favor del pensamiento de la enorme mayoría de los santafesinos y las santafesinas». Pidió a los dirigentes políticos «trabajo en conjunto» para darle respuestas a la sociedad.

Con información de El Litoral