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El presupuesto educativo de 2027 proyecta una suba del 5,6% real, pero continuará un 44% por debajo de 2023

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El proyecto de Ley de Presupuesto Nacional para 2027 anticipa un crecimiento del 5,6% en términos reales para el área de Educación y Cultura en comparación con la estimación de cierre de 2026. Sin embargo, pese al incremento proyectado, la inversión nacional en el sector se mantendrá sensiblemente relegada en la perspectiva histórica, ubicándose un 44% por debajo de los niveles ejecutados en 2023.

Los datos surgen de un análisis elaborado por la organización Argentinos por la Educación a partir de las proyecciones macroeconómicas oficiales, que estiman una inflación promedio del 20,5% para el ejercicio 2027.

Puntos clave del proyecto presupuestario

1. Inversión respecto al PBI

  • La asignación prevista alcanzará aproximadamente los 9,8 billones de pesos, lo que representa un 0,79% del Producto Bruto Interno (PBI).

  • Aunque implica una leve mejora frente al 0,77% estimado para 2026, el presupuesto consolidará cuatro años consecutivos por debajo de la barrera del 1% del PBI en lo que respecta únicamente al aporte del Estado nacional.

  • La meta de la Ley de Educación Nacional (que fija un piso del 6% del PBI sumando los aportes de Nación, provincias y CABA) continúa lejos de alcanzarse; dicho objetivo solo se cumplió en 2015.

2. Distribución de los fondos por programas

  • Educación Superior / Universidades: La partida destinada al desarrollo universitario registrará una variación real mínima del 0,3%, lo que en la práctica significa un esquema de fondos estancados respecto al año anterior.

  • Plan Nacional de Alfabetización: Mostrará una suba real del 12,5%. Estos recursos estarán centrados en la formación docente, la entrega de materiales pedagógicos, las evaluaciones periódicas y las acciones articuladas con los ministerios provinciales.

3. Rigidez del gasto y brechas provinciales

  • Salarios y transferencias: Cerca del 90% del presupuesto educativo (9 de cada 10 pesos) se destina al pago de salarios docentes en el sector estatal y a transferencias a la educación privada subsidiada. Esto deja un margen acotado (el 10% restante) para financiar infraestructura, equipamiento y programas de capacitación.

  • Reparto de competencias: Dado que la Nación asume principalmente la financiación de las universidades superiores y las provincias sostienen la educación obligatoria (inicial, primaria y secundaria), las diferencias en la capacidad presupuestaria de cada jurisdicción corren el riesgo de acentuar las desigualdades educativas regionales.